Barcelona, 14 sep (EFE).- Las defensas del doctor Carlos Morín y sus colaboradores, acusados de practicar un centenar de abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona, han planteado hoy la nulidad del proceso alegando irregularidades en la instrucción, entre ellas que se abriera a raíz de un documental televisivo con cámara oculta.
Con las cuestiones previas planteadas por las partes, ha comenzado hoy en la Audiencia de Barcelona el macrojuicio por los abortos ilegales en las clínicas del doctor Morín, que afronta una petición fiscal de más de 300 años de cárcel, de los que cumpliría un máximo de doce.
Además de Morín y su esposa, que se expone a una pena de 204 años de prisión, en el banquillo se sientan otros nueve colaboradores del doctor, entre psiquiatras anestesistas y ginecólogos que supuestamente practicaron o permitieron los abortos, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 50 y más de 200 años de prisión.
Otro de los ginecólogos imputados, con una petición fiscal de 50 años de cárcel, está huido desde hace meses, después de que la Audiencia le levantara las medidas cautelares de comparecencia periódica en el juzgado que tenía impuestas, y el tribunal lo ha declarado el rebeldía.
La primera sesión del juicio ha estado marcada por las alegaciones previas planteadas por las defensas, que han pedido que se declare la nulidad de todo el proceso alegando distintas irregularidades durante la instrucción de la causa penal, iniciada en el año 2006.
Uno de los principales motivos por los que los letrados han defendido la nulidad del proceso es que la instrucción está "viciada" desde su inicio, dado que se emprendió a raíz de un documental con cámara oculta de una televisión danesa cuando, mantienen los abogados, la jurisprudencia impide dar validez a una prueba de ese tipo.
Precisamente, la Fiscalía y las acusaciones han solicitado hoy al tribunal que llame a declarar como testigos a los periodistas daneses responsables de ese documental -en el que los reporteros se se dirigían a la clínica para pedir un aborto de una mujer en avanzado estado de gestación-, una diligencia que les ha sido denegada durante la instrucción de la causa.
La defensa de Carlos Morín ha advertido ante el tribunal de que en la investigación se han vulnerado los derechos de su cliente porque no se le notificó en su momento que estaba imputado ni se le informaron de todos los delitos que se le atribuían en su interrogatorio en sede judicial.
El abogado de Morín, Miguel Capuz, ha puesto además sobre la mesa una duda jurídica sin precedentes, al mantener que antes de 2010 no existía una ley de aborto en España desarrollada como tal, pese a estar castigado en el Código Penal, por lo que las interrupciones voluntarias del embarazo hasta esa fecha no serían ilegales.
Otras defensas han planteado que el proceso ha vulnerado el derecho a la intimidad de las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín -inicialmente imputadas en la causa aunque después se archivaron estas imputaciones-, al incautarse sin su consentimiento sus historiales clínicos y haber sido interrogadas ante la Guardia Civil sin control de la juez.
La supuesta ilegalidad de las intervenciones telefónicas de los imputados ha sido otro caballo de batalla de las defensas, porque en su opinión no fueron debidamente controladas por la instructora.
La fiscal, por su parte, ha rebatido todas las alegaciones formuladas por la defensa y ha defendido que la legalidad del proceso está fuera de toda duda, en primer lugar porque, a su juicio, no es cierto que el "motor" de la misma fuera el documental con cámara oculta emitido por una televisión danesa.
"No hay ningún vicio de nulidad", ha resaltado la fiscal, que se ha mostrado "sorprendida en sobremanera" por el hecho de que las defensas no hayan planteado hasta el inicio del juicio la posible nulidad del proceso, pese a los cinco años transcurridos desde el inicio de la instrucción.
La representante del ministerio público ha añadido que durante la instrucción "se ha intentado preservar al máximo" la intimidad de las mujeres que fueron imputadas por aborto y se ha "extremado el celo" para proteger sus datos personales y médicos.
La fiscal ha admitido como un "defecto formal" que el juzgado no notificara a Carlos Morín la admisión a trámite de la querella contra él, pero ha considerado que ese error no puede comportar la nulidad de las actuaciones, dado que una vez levantado el secreto de sumario de la causa la defensa podría haber solicitado la repetición de cualquiera de las pruebas efectuadas en su ausencia.
El tribunal decidirá sobre las alegaciones planteadas por las partes antes del próximo martes, cuando está previsto que el juicio se reanude con el interrogatorio del doctor Carlos Morín y de su esposa.
