
Madrid, 4 sep (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado hoy los trámites pertinentes para que el expresidente de este órgano Carlos Dívar pueda percibir su jubilación tras renunciar ayer a la pensión indemnizatoria de 208.243 euros que había reclamado tras dimitir del cargo en junio.
Vocales del Consejo que se habían mostrado contrarios a esa indemnización han celebrado hoy la decisión de Dívar, como Margarita Robles que, en declaraciones a Efe, la ha valorado "positivamente" aunque cree que jamás debió pedirla porque al haber dimitido de su cargo considera que no tenía derecho a ella.
Para Robles, "la lección que se debe sacar es que esas pensiones no son en absoluto procedentes" y por ello entiende que es "un buen momento para que el legislador reflexione" y anule ese tipo de indemnizaciones, que ha calificado de poco solidarias con la situación que atraviesa el país.
Por su parte, el vocal José Manuel Gómez Benítez, que hizo estallar la polémica al denunciar a Dívar ante la Fiscalía por los gastos de sus viajes, ha dicho a Efe que el expresidente del Poder Judicial no debía haber pedido esa indemnización y así "no se hubiera encontrado en la necesidad de renunciar" a ella.
Ha reconocido, no obstante, que la renuncia de Dívar ha evitado que el nuevo presidente Gonzalo Moliner haya tenido que tomar una difícil decisión, ya que la petición de indemnización iba a ser de nuevo estudiada en el Pleno del próximo día 20.
Poco después de tomar posesión de su cargo, Moliner manifestó que el Consejo "incumpliría la ley" si no aprobaba esa indemnización, valoración que, a juicio de Gómez Benítez, fue "un poco precipitada" porque cuando la petición de Dívar fue analizada en el Pleno del Consejo del pasado julio "comprobó que ésta tenía más aristas y por eso se decidió retrasar la decisión".
La manera de aplazarla fue pedir a Hacienda una ampliación presupuestaria de 44.623 euros para este año para poder hacer frente a la pensión indemnizatoria, solicitud que formuló el Pleno el pasado mes de julio y que aún no había obtenido respuesta.
Tras recibir ayer la renuncia de Dívar, la comisión permanente en su reunión de hoy ha acordado "tomar conocimiento" de ello y dar traslado a la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "para la percepción de la pensión ordinaria de jubilación".
La comisión permanente -integrada por el presidente Gonzalo Moliner, Margarita Robles, Almudena Lastra, Manuel Almenar y Antonio Dorado- ha decidido también dar traslado de su acuerdo al Pleno del CGPJ "a los efectos que resulten procedentes."
De este modo, el CGPJ oficializa la renuncia que ayer presentó Dívar a la indemnización y que de haber cobrado le hubiera impedido percibir la jubilación hasta pasados dos años de su cese.
Las asociaciones de jueces también han aplaudido la decisión de Dívar, como el portavoz de Jueces para la Democracia, (JpD) Joaquim Bosch, que ha señalado a Efe que desde el punto de vista jurídico existían dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para su concesión.
Tras considerar que es "difícilmente justificable" que se concedan este tipo de pensiones indemnizatorias en el actual momento de crisis, el portavoz de JpD ha pedido su supresión no solo para el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, sino también para los cargos políticos que disfrutan del mismo régimen.
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha elogiado que Dívar se haya acogido a la pensión de jubilación, un gesto que "le honra", aunque lo haya hecho "un poco tarde".
También se ha mostrado de acuerdo con la supresión de este tipo de indemnizaciones que "no tienen ninguna justificación", pero no solamente por la crisis, sino por tratarse de "privilegios decimonónicos y trasnochados".
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