Las grandes empresas españolas dicen en sus respuestas que el uso de la vía penal por la Inspección es desproporcionado.
Sólo la tercera parte de las grandes empresas españolas (un 35%) considera proporcionado el número de expedientes fiscales derivados por la Inspección de Hacienda a la vía penal.
Así, se desprende de las conclusiones principales de la encuesta sobre la Percepción de las grandes empresas sobre el sistema tributario español, realizada por la Fundación Impuestos y Competitividad y la Universidad de Comillas.
También la mayoría de los entrevistados considera que el inicio de la vía penal, sin previa audiencia del imputado, supone una pérdida de garantías en alto grado. Así se refleja en el 76,47% de quienes han considerado que la pérdida se sitúa entre los conceptos de bastante y mucho.
Por otra parte, el 85,3% de las respuestas valora como bastante o muy necesaria la homogeneización de los plazos de prescripción en vía administrativa y penal. Y mayor aún el porcentaje que cree necesaria una mayor especialización de los jueces en materia de delito fiscal (94,85% de los que estiman bastante y mucho).
De manera casi unánime, se ha considerado como bastante o muy necesaria una jurisdicción especializada en la interpretación de normas tributarias (92%).
Mayoritariamente se ha manifestado la opinión de que en los Tribunales de Justicia no se hace un uso adecuado de las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (66,18%).
Además, casi nueve de cada diez entrevistados opinan que sería conveniente la introducción de mecanismos alternativos a los existentes para la resolución de conflictos, como por ejemplo los procedimientos arbitrales (88,24%).
También, la opinión mayoritaria sobre los procedimientos sancionadores es que "a menudo invierten la carga de la prueba hacia el contribuyente" (57,35%) .
Esto refleja una unanimidad sobre la falta de confianza en la revisión administrativa previa en materia tributaria. Respecto a la especialización de las diversas instancias revisoras existen opiniones discrepantes; unos opinan que es necesaria y otros consideran que debe descansar en el juez natural, aunque todos están conformes en la necesidad de formación específica.
En algunas entidades, los profesionales afirman que existe un cambio de actitud de los Tribunales de Justicia españoles, que cada vez son más propensos a plantear cuestiones prejudiciales.
Falta de estabilidad legislativa
Con respecto a los asuntos generales, para el 78%, hay poca o ninguna estabilidad de las normas fiscales, y ello entorpece bastante las decisiones de inversión de las empresas (73%).
El 95'83% considera que hay bastante o mucha economía sumergida, estimando un porcentaje de ellas que esta circunstancia incrementa bastante la carga fiscal del contribuyente. No obstante, se estima que ese nivel en las grandes empresas es del 3%; en tanto que respecto de las pymes la mayoría responde que es bastante.
Por otra parte, estiman insuficiente la difusión de las nuevas normas (70%) y de los criterios interpretativos (85%); tomando ampliamente en consideración las contestaciones de la Dirección General de Tributos (93%), aunque estiman que las mismas tardan demasiado en resolver las dudas tras la aprobación de nuevas disposiciones (77%).
La mayoría cree insuficientes las ventajas fiscales para favorecer la localización de empresas en España (80%), o la internacionalización fuera de España de la actividad (68%).
Sobre la prescripción del delito fiscal
