Torres-Dulce no comparte la idea de Aguirre de que el Constitucional sea una sala del Supremo

Las Palmas de Gran Canaria, 21 jun (EFE).- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no comparte la idea de que el Tribunal Constitucional se convierta en una sala del Tribunal Supremo, tal y como ha planteado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Así lo ha dicho el propio Torres-Dulce a los periodistas tras reunirse con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, tras su reciente nombramiento.

Preguntado por el planteamiento de Aguirre, el fiscal general del Estado ha considerado que el TC, donde, ha recordado, ejerció como representante del Ministerio público durante 16 años, "forma parte del entramado de la organización constitucional" y, aunque "no es un tribunal de justicia estrictamente, sí es el que sostiene el edificio constitucional en todas las reclamaciones que se puedan plantear".

Por ello, ha estimado que "cumple funciones esenciales dentro de la convivencia constitucional" y, con relación al fallo que ha emitido sobre Sortu, ha afirmado que "se podrá discrepar de las decisiones y criticarlas, porque es bueno y democrático, pero siempre, guste o no, las decisiones de los tribunales de justicia y del TC hay que acatarlas".

Ese acatamiento significa, ha dicho, "que se pueden criticar pero respetar profundamente, porque se toman en un ámbito de decisión absolutamente libre".

Torres Dulce ha agregado que en los tiempos que corren, "la arquitectura del Estado ha de estar sostenida de la forma más válidamente posible", de ahí que no se muestre partidario "de efectuar descalificaciones de ningún tipo".

Respecto a la sentencia del TC sobre Sortu, el fiscal general del Estado ha afirmado que "en este caso discrepa" y la "lamenta profundamente" porque no se corresponde, en modo alguno, con la posición que la Fiscalía ha sostenido tanto en el caso Bildu como en el de Sortu.

Torres-Dulce valora que, "por primera vez, en sus fundamentos jurídicos 14 y 15 se establezca todo un plan de advertencias constitucionales" que, a su juicio, "valen" para las dos formaciones políticas.

En cualquier caso, ha reiterado que el Ministerio Fiscal "estará vigilante, día tras día, para que esas advertencias no caigan en saco roto, y para instar la ilegalización de los partidos políticos que no cumplan con la finalidad que les confiere la Constitución Española, si, de alguna forma, se desborda el marco de actuación democrática" de estos.