Probar la prescripción del delito fiscal dará problemas en la práctica

"Acreditar la prescripción del delito fiscal de cuentas situadas en antiguos paraísos fiscales a la hora de acogerse a la amnistía fiscal, va a ser muy complicado en la práctica", como aseguran los expertos.

Lo advirtió ayer Francisco de la Torre, secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado durante el debate jurídico organizado por Iuris&Lex, la revista jurídica de elEconomista, con el objetivo de despejar algunas de las dudas que planean sobre el proceso de regularización especial de rentas no declaradas, la llamada amnistía fiscal, y el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude, que lo complementa y prevé, entre otros extremos, la no prescripción del delito fiscal por rentas no declaradas situadas en el extranjero.

Explicó De la Torre que pueden plantearse problemas a la hora de admitir el certificado de un banco, aportado por quien quiera regularizar su situación tributaria, para acreditar la prescripción, especialmente cuando no exista un convenio de intercambio de información, dado que en esos supuestos "los inspectores no podemos dirigirnos a autoridades extranjeras para que requieran al banco en cuestión".

También se pronunció a este respecto Antonio Durán Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), quien advirtió de que "o se dejan claras las reglas del juego o se va a regularizar con alto riesgo posterior" y mostró sus dudas acerca del alcance probatorio de los certificados.

Una situación que Manuel Garzón Herrero, magistrado del Tribunal Supremo, calificó de "extremadamente esquizofrénica" dado que, "cuanta más amnistía se ofrezca, menor será el combate del fraude y mientras más se combata este último menos amnistía se dará".

El problema se encuentra, aclaró Gregorio Peña, vicepresidente de la editorial de elEconomista -Ecoprensa-, en que "una cosa es una norma de carácter recaudatorio -la amnistía fiscal- y otra el anteproyecto político de regulación del fraude". Dos normas "que coinciden en la materia pero responden a una razonabilidad diferente".

Una ley "improvisada"

Asimismo, Peña, en relación al anteproyecto para combatir el fraude fiscal, indicó que "no se puede legislar parcialmente, sino que es necesaria una modificación tributaria y penal". Y es que, a su juicio, "es importante un cuerpo legislativo que controle y evite el fraude y eso no se puede hacer con una norma parcial y de múltiples interpretaciones si no se modifican las leyes procesales". "Son necesarias normas más completas y de menos improvisación", apostilló.

Control del gasto

El debate también sirvió de marco para discutir sobre el control del gasto, que, a juicio de De la Torre, es "el problema de España". En este sentido, aseguró que "es evidente que, de cara a la lucha contra el fraude, hay que convencer a los ciudadanos de que tienen que pagar impuestos y, a día de hoy, existen muchos españoles que creen que están pagando indebidamente". Ese "cóctel hace que la conciencia fiscal esté peor que nunca".

El magistrado Garzón Herrero, por su parte, aseguró que es necesario "buscar mecanismos procesales para que el ciudadano pueda pedir explicaciones sobre en qué se gasta y cuánto". Recordó que el control del gasto, tradicionalmente político, se ha mostrado "absolutamente ineficaz", y ello produce un verdadero "fraude al ciudadano". En este punto, el vicepresidente de Aedaf, Eduardo Luque, consideró "fundamental" recordar que "la justificación del ingreso está en el gasto", algo que "venimos olvidando desde hace tiempo". A ello sumó el "calvario del contribuyente al recurrir".

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