Washington, 12 jun (EFE).- El fiscal general de EEUU, Eric Holder, declaró hoy en una audiencia que está dispuesto a negociar un acuerdo con líderes del Congreso para impedir una "inminente crisis constitucional" a raíz de la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el traslado ilegal de armas a México en 2009.
En una audiencia del Comité Judicial del Senado, Holder afrontó de nuevo acusaciones de republicanos de que el Departamento de Justicia se niega a entregar documentos adicionales relacionados con esa operación secreta, en la que las autoridades perdieron el rastro a unas 2.000 armas que acabaron en manos del crimen organizado.
El próximo 20 de junio, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes prevé someter a voto una petición de desacato contra Holder, ante su supuesta negativa a entregar documentos solicitados por los republicanos.
El senador republicano de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, criticó la negativa del Departamento de Justicia a entregar documentos creados tras el 4 de febrero de 2011, que en su momento alegó que se trataba de deliberaciones internas de esa cartera.
En tono conciliatorio, Holder dijo hoy que está "dispuesto" a colaborar con los republicanos en el Congreso, incluidos los titulares de la Cámara Baja, John Boehner, y el del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, Darrell Issa, para lograr un acuerdo sobre la entrega de documentos hasta ahora bajo sello judicial.
"Estoy ofreciendo sentarme personalmente (...) para tratar de elaborar un acuerdo para impedir una crisis constitucional, pero tengo que tener un socio dispuesto a hacerlo. He extendido mi mano y estoy esperando una respuesta", afirmó Holder.
Preguntado por Grassley si ese acuerdo incluiría pedir permiso de un juez para revelar el contenido de los documentos en disputa, Holder dijo que eso sería un paso "extraordinario", aunque no lo descartó por completo.
"Lo pondría sobre la mesa" si esos documentos no comprometen la investigación en curso con objeto de "evitar lo que considero es una inminente crisis constitucional", insistió Holder.
El lunes, Issa anunció el voto de desacato contra Holder al acusarle de negarse a cumplir con una citación emitida el 12 de octubre de 2011 que exige la entrega de los documentos adicionales.
"Las acciones del Departamento de Justicia han obstruido la investigación. El Congreso tiene la obligación de investigar asuntos no resueltos relacionados con los esfuerzos por calumniar a delatores, la incapacidad de funcionarios del Departamento de Justicia para decir la verdad (...) y (explicar) las razones de la demora significativa en reconocer la imprudente conducta en la Operación Rápido y Furioso", subrayó Issa.
Según fuentes legislativas, esa sería la cuarta vez en casi tres décadas que el Congreso somete a voto una orden de desacato contra un miembro del Gabinete presidencial.
Un voto de desacato sólo pretende el cumplimiento de una citación legal y no asigna culpa por la fallida operación de la ATF, explicó el comité liderado por Issa.
El Departamento de Justicia argumenta que los documentos solicitados muestran deliberaciones internas y fueron creados después del 4 de febrero de 2011, cuando esa cartera negó tener conocimiento de la operación encubierta a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés).
Los documentos en disputa incluyen datos proporcionados por "delatores" y sobre por qué el Departamento de Justicia "tardó casi un año en retractarse de las negaciones falsas" sobre la fallida operación.
En la operación secreta, la ATF perdió el rastro a unas 2.000 armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de crímenes en México.
Dos de ellas fueron identificadas en el asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry en diciembre de 2010.
