"Lo mismo que las empresas privadas, en un ejercicio de transparencia, someten a auditoría sus cuentas anuales, con más motivo lo deberían hacer las entidades que componen el sector público".
Así de contundentes se mostraron ayer las tres corporaciones más representativas de auditores -Consejo General de Colegios de Economistas de España (CGCEE), Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y Consejo Superior de Titulares Mercantiles (CSTME)-, en un momento en que, mientras tanto, sigue en trámite parlamentario la llamada Ley de Transparencia, que persigue poner fin a la opacidad de las Administraciones Públicas para evitar los desmanes en la gestión del dinero de los contribuyentes por parte de los altos cargos políticos.
Durante la jornada Análisis del Papel de la Auditoría como Instrumento de Gestión del Sector Público, presentaron la Comisión de Auditores del Sector Público que, explicó el presidente del CGCEE, Valentí Pich, ofrecerá "propuestas concretas y realistas de mejoras legislativas para dotar de más transparencia a las Administraciones y una colaboración leal y positiva a los organismos públicos de control".
Y es que, a juicio de Rafael Cámara, presidente del ICJCE, "la gran asignatura pendiente de nuestro país es aumentar la transparencia del sector público". Así, dijo que "es el momento de que el auditor externo asuma un papel más relevante en el control y en la fiscalización de las cuentas públicas".
Por ello, los auditores pidieron cambios legislativos para establecer la obligación anual de someterse a una auditoría externa a las entidades públicas.
Pérdida de confianza
Éste sería el momento oportuno ya que, tal y como aseguró Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, "tras la grave y alarmante desviación de déficit público, ahora es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos".
Por ello, dijo, "es necesario poner en marcha fórmulas participativas de colaboración público-privadas para un buen control en la gestión de fondos públicos (...) y así garantizar la fiabilidad de las cuentas públicas, que es lo que piden los ciudadanos".
Así, aplaudió la secretaria de Estado que la Comisión "promoverá la presencia de los auditores en todos los ámbitos y sentará las bases de una colaboración permanente que favorezca el control y la transparencia".
A esta pérdida de confianza se refirió también Juan Iranzo, decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid, que señaló que la única vía para recuperar la reputación es, junto con la reforma financiera y las políticas económicas, "un seguimiento permanente con la posibilidad de intervenir a las entidades públicas".
Las claves de la Ley de Transparencia
