Vigo, 28 may (EFE).- La excuidadora de la guardería La Camelia de Vigo acusada de sedar a al menos nueve bebés en marzo de 2010, ha negado hoy que suministrara Trankimazin a los menores y que las 15 píldoras que faltaban de las tres cajas halladas en un registro domiciliario se las tomó ella.
En la primera sesión del juicio, N.V.G., imputada por un delito contra la salud pública y por cinco de lesiones, por los que el fiscal solicita 14 años de cárcel, había declarado en la fase de instrucción que únicamente se había tomado tres píldoras enteras, pese a que algunas apareciesen partidas.
Hoy en su declaración en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha atribuido este hecho a que se pudieron "romper" en el pastillero, y que otras quizá se le cayesen al suelo y no las encontró porque en casa de sus padres "se barre y se pasa la aspiradora todos los días", ha alegado.
La excuidadora también ha aclarado que había ocultado a la Policía su consumo regular -en ocasiones, hasta cuatro pastillas al día- de Trankimazin, recetado por su ginecóloga tras sufrir un aborto, por temor a que "la tomaran por loca" y a las consecuencias que ello podría tener para su futuro laboral.
N.V.G. ha negado que en algún momento se viese superada por la situación cuando estaba al cargo de los bebés en La Camelia, habida cuenta de su experiencia previa en otras guarderías, y también que llevara los ansiolíticos al trabajo, porque siempre los tomaba en casa.
Aunque ha dicho que no tiene conocimientos médicos exhaustivos, ha señalado que, "por sentido común", una alta dosificación de "cualquier medicamento puede causar incluso la muerte" a un paciente, y que desconoce si el Trankimazin se le puede recetar a bebés.
También ha declarado que no vio nada anormal en el comportamiento de los menores horas antes de que empezaran a mostrar los primeros síntomas de intoxicación y fueran llevados a urgencias por sus padres.
Varios de los menores requirieron ingreso hospitalario al presentar, uno, intoxicación de grado moderado, y otros síntomas varios como vómitos o somnolencia.
A.V.G. ha indicado que dos días después de que sucedieran los hechos fue citada a una reunión en el centro -un domingo- junto al resto del personal, y entonces la directora le comunicó su despido y le dijo que era la "responsable" de la intoxicación de los bebés.
La directora, por su parte, ha explicado que en la reunión nadie daba "crédito" a lo sucedido, que ponía "la mano en el fuego" por los empleados con los que llevaba trabajando años y que era "evidente" que sospechó de N.V.G. por ser la última en incorporarse -apenas llevaba dos semanas en el centro-, pese a que no tenía queja alguna de su comportamiento.
Ha calificado a la acusada como una empleada "seria" y "sensata", con un trato "correcto" a los menores, y que se ganó su confianza en la primera entrevista que le hizo para una sustitución temporal, cuando le dijo que "le encantaba" trabajar con niños pero no reveló que estaba tomando ansiolíticos.
La directora de una guardería en la que N.V.G. había trabajado con anterioridad, y que a su vez preside la Federación Gallega de Escuelas Infantiles, ha precisado que la Xunta exige al personal que trabaja con menores un informe médico donde conste que no padece enfermedades infecciosas y presenta un estado de salud "normal".
Los centros, sin embargo, no tienen acceso al historial clínico de los empleados.
Tanto ésta como la exresponsable de otro centro en el que trabajó la acusada, así como su compañeras en La Camelia, han insistido en que su comportamiento siempre fue "correcto", y que si se enteraron de algún incidente en la guardería Los Milagros en la que le cortó el pelo a un niño fue tras el caso de la intoxicación masiva.
"Era impensable que pudiera suceder algo así", ha declarado la directora de La Camelia, que por entonces empleaba a 21 personas y tenía a más de un centenar de niños, y que tras los incidentes de 2010 ha visto reducidas estas cifras a la mitad.
En el juicio, en el que comparecerán mañana como testigos los padres de algunos menores intoxicados, la fiscal solicita, aparte de la pena de 14 años de cárcel, la inhabilitación de la acusada para cualquier desempeño que tenga que ver con niños durante el tiempo de la condena.
