A pesar de que es la tercera vez que sale del cajón el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que eleva para los delitos fiscales agravados la pena de prisión hasta los seis años y extiende el plazo de prescripción hasta los diez años, los asesores fiscales temen el aumento de las prerrogativas que la normativa pueda conceder a los funcionarios de la Inspección de Hacienda.
Tampoco es nueva la medida que permitirá que la remisión del expediente al Fiscal no paralice el procedimiento recaudatorio administrativo, ya que estuvo incluida en los proyectos de 2006 y 2008.
El actual Gobierno se oponía cuando militaba en la oposición a estas medidas que ahora abandera, al igual que lo hizo el Consejo General del Poder Judicial en un Informe realizado sobre la reforma de 2008 en el que decía que "es evidente que la deuda tributaria que pueda liquidar la Administración Tributaria por su cuenta no puede vincular al órgano judicial, ni siquiera en lo que a la responsabilidad civil derivada de delito se refiere. Esto abre la puerta a una posible duplicidad de deudas por importes distintos decididas por distintos órganos del Estado".
Antonio Durán Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), señala a elEconomista que "la continuación de los cobros debería encaminarse únicamente a evitar la posibilidad de alzamiento de bienes, pero debería hacerse sin un detrimento de las garantías, puesto que en muchas ocasiones, la Agencia Tributaria actúa de una forma arbitraria"
Además del endurecimiento en las relaciones entre contribuyentes o sus asesores fiscales, preocupa sobremanera que se otorgue a la Agencia Tributaria la facultad de no paralizar un procedimiento recaudatorio pese a la que se haya iniciado un procedimiento por la vía Penal".
Miguel Ángel Vilches, secretario del Consejo Oficial de Colegios de Gestores Administrativos, manifiesta que "las medidas cautelares que se han adoptado eran necesarias, porque no había manera de que la Administración pudiese cobrar, pero otra cosa es que estas medidas haya que gestionarlas bien".
La propuesta de anteproyecto de ley para reformar el Código Penal, incluye una pena de cárcel de seis años (por los cinco vigentes en la actualidad) para los delitos por fraude fiscal superiores a los 600.000 euros, que procedan de una organización criminal o cuando se utilicen paraísos fiscales. Con ello se trata de evitar que los procesos más complejos -tramas criminales o casos de corrupción- queden impunes. Si aumenta la pena, también lo hace el plazo de prescripción, que pasaría de cinco a diez años.
Durán manifiesta que "lo que me preocupa es la letra escrita del texto definitivo. El plazo de cinco años es muy corto para investigar casos muy complicados, lo que supone que la reforma busque dar más tiempo, pero este incremento favorece que los bienes desaparezcan".
Con la adopción de esta medida, España se suma, de esta forma, a la tendencia de los últimos años de elevación de los plazos de la prescripción de los delitos fiscales más graves es de 10 años, tal y como ha ocurrido en Italia y Alemania.