La copropietaria de la inmobiliaria de Bravo desconocía sus grandes ganancias

San Sebastián, 14 may (EFE).- Pilar Gracenea, copropietaria de la inmobiliaria de José María Bravo y subalterna de éste en la oficina de Hacienda de Irun, ha asegurado hoy que desconocía los cuantiosas ganancias que generaba este negocio, del que ella sólo obtenía una renta por el alquiler, correspondiente al 20% del local.

Esta funcionaria, que estuvo imputada durante gran parte de la fase de instrucción del presunto fraude de la Hacienda de Irun, ha declarado hoy, junto otros empleados de la oficina de la localidad fronteriza, en la vista que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa contra el exdirector de esta delegación tributaria, su esposa Rosa Cobos, y su socio Pedro Atristain.

Durante su intervención, Gracenea ha recordado que ella disponía del título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) y que sólo participaba en los negocios de la inmobiliaria cuando era requerida para intervenir en algunas operaciones, aunque no era habitual.

Ha aclarado además que ella no recibía cantidad alguna de los beneficios de este negocio -que según declaró en su momento el procesado podían llegar a los 160.000 euros, gran parte en dinero negro-, porque pensaba que el negocio sólo "sobrevivía" pues se trataba de una inmobiliaria "de barrio" y "nunca" habían hecho cuentas.

"Era algo con lo que yo no contaba", ha comentado la testigo, quien ha precisado además que no solicitó la contabilidad de esta empresa hasta que Hacienda inició una inspección.

Ha reconocido que José María Bravo llevaba un alto nivel de vida ya que poseía dos coches y una casa "estupenda", si bien no le extrañó porque "se pasaba todo el día pegado al teléfono" y además tenía otro trabajo como asesor de ayuntamientos, llevaba "algún tema como abogado" y también colaboraba en la inmobiliaria.

Respecto a su trabajo en la oficina de Hacienda de Irun, la testigo ha admitido que era factible hacer fraccionamientos de pagos de deudas y que durante un tiempo se admitieron abonos en metálico, si bien a partir de 1999 o 2000 ya no se podía ingresar dinero en efectivo.

La declarante, que ha señalado que los expedientes de mayor cuantía los llevaba Bravo, ha comentado que no recuerda que se produjeran problemas de atribución a ningún contribuyente de los pagos que se hicieron en metálico y ha recalcado que no era factible levantar embargos si no se habían saldado previamente las deudas.

Ha recordado asimismo que ella y otros compañeros podían hacer datas por insolvencia en la delegación de Irun ya que era una oficina pequeña donde se repartía la carga de trabajo.

Ha comentado también que nunca se perdieron expedientes en esta oficina, si bien en una ocasión llamaron desde la delegación de Eibar para reclamar algunos que ella creía que ya habían sido enviados.

Tampoco tuvo conocimiento de que se produjeran llamadas desde la central diciendo que no les cuadraran las cuentas de Irun o que hubiera alguna irregularidad. Ha recalcado asimismo que tampoco sospechó nunca nada "irregular" de sus compañeros de trabajo.

En esta misma sesión ha declarado otro operario de la oficina de la Hacienda de Irun, quien ha dicho que cuando él comenzó a trabajar allí ya no se podían pagar deudas en metálico, si bien ha denunciado que se produjeron dos excepciones.

La primera de ellas, la del representante de una comunidad de bienes que preguntó por Bravo para abonar una cantidad, y la segunda, cuando al poco de empezar a trabajar en Irun, le pidieron que firmara un documento porque el director no se encontraba en las dependencias y a él se le dijo que, como tenía el cargo de técnico medio, debía rubricar el justificante, algo que hizo sin ser "muy consciente de si se podía o no".

A preguntas del presidente del tribunal, este testigo ha dicho que no recordaba con seguridad quien le dijo que firmara este documento, aunque ha admitido que podría hacer sido Pilar Gracenea.

En esta misma vista, el que fuera cajero en la oficina de Irun hasta el año 2000, ha afirmado que él no tuvo descuadres, aunque en dos ocasiones Bravo le dijo que no imputara unas cantidades a la cuenta porque iba a llevarlas directamente a la caja contable de San Sebastián.

Ha precisado que después de 2000 no vio entregas de dinero en metálico en la oficina y ha recordado que en 2006 el entonces diputado de Hacienda, Juan José Mujika, le citó a una reunión para que le explicara el funcionamiento de la caja porque había habido una denuncia.