Los decanos de facultades de Derecho de toda España han pedido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como al Ministerio de Justicia y a los Consejos Generales de la Abogacía y la Procura de España, "adoptar, de modo urgente, las medidas necesarias para resolver la situación de inseguridad jurídica, zozobra institucional e insatisfacción social" que la reforma de la Ley de Acceso a las profesiones de abogado y procurador ha provocado.
Es la conclusión aprobada por unanimidad en la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España, reunida en Asamblea General ordinaria en el Centro Asociado de la UNED en Calatayud. El acuerdo asegura que la reforma de la Ley 34/2006, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador -llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, y en la que se establecen cuatro excepciones al máster para obtener el título de abogado- "ha supuesto una modificación inoportuna de un régimen jurídico previamente aceptado, sobre el que las universidades y los colegios profesionales han venido trabajando con decisión para poner en marcha los másteres en los términos prefijados".
Los decanos creen que las medidas adoptadas suponen para los alumnos "un tratamiento injustificadamente desigual para situaciones materialmente equiparables", y "desdobla el modo de acceso a estas profesiones de una manera confusa e ineficiente". Se critica, además, que la reforma ha sido "a todas luces improvisada y con palmarios defectos de técnica legislativa", gestándose "sin la colaboración de las partes afectadas", de forma que "lejos de resolver problemas, crea otros de difícil y compleja solución, provoca inseguridad jurídica e introduce nuevos y serios inconvenientes que ponen en evidente riesgo la implantación de los másteres en el modo y plazos previstos".
