Decanos piden por unanimidad al Gobierno atajar con urgencia la "zozobra" generada por la ley sobre los futuros abogados

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Los decanos de las facultades de Derecho de toda España han pedido por unanimidad a los Ministerios de Educación y Justicia que adopten medidas para resolver de modo "urgente" la "situación de inseguridad jurídica, zozobra institucional e insatisfacción social" que ha generado la modificación de la ley de acceso a la Abogacía y la Procura.

Esta norma obliga a los estudiantes a superar un máster de un año, un periodo de prácticas y un examen final para poder ejercer. El Consejo de Ministros aprobó el pasado marzo una reforma de esta ley -vigente desde octubre- para eximir a los licenciados en Derecho del postgrado.

La Conferencia de Decanos ha adoptado un acuerdo, recogido por Europa Press, que traslada a los departamentos ministeriales así como a los Consejos Generales de la Abogacía y la Procura la "modificación inoportuna de un régimen jurídico" sobre el que las Universidades y los Colegios Profesionales llevaban trabajando "con decisión" para poner en marcha los másteres en los términos prefijados.

A su juicio, las excepciones aprobadas el Gobierno suponen "un tratamiento injustificadamente desigual para situaciones materialmente equiparables" y desdobla el modo de acceso a estas profesiones de una manera "confusa" e "ineficiente".

INTERVENCIÓN NORMATIVA IMPROVISADA

Los decanos coinciden en afirmar que esta "intervención normativa" es "a todas luces improvisada" y reúne "palmarios defectos de técnica legislativa". Además, reprueban que se ha gestado sin la colaboración de las partes afectadas y que, lejos de resolver problemas, creará otros de "difícil y compleja solución".

"Provoca inseguridad jurídica e introduce nuevos y serios inconvenientes que ponen en evidente riesgo la implantación de los másteres en el modo y plazos previstos", recoge el acuerdo adoptado de forma unánime.

Defienden que las Facultades de Derecho han cumplido "fielmente" la legislación vigente y que este proceder permanecerá "invariable". En consecuencia, han instado a Justicia y Educación a adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación y "restaurar los cauces de diálogo y acuerdo" con los interesados.

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