"La Ley mantiene la actitud corporativista y monopolística de hace 100 años, cuando el derecho era campo vedado para la mayoría y se basa en principios actualmente prohibidos por nuestra condición de Estado miembro de la UE", denuncia la Asociación Nacional de Afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y a la Procuraduría (Analap) en un informe al que ha tenido acceso elEconomista.
La Asociación, que mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo, actualmente prepara recursos ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión de la Competencia de la Unión Europea, considera que la normativa de acceso ha incumplido el trámite de revisión por la CNC.
En el informe, se afirma que la Ley está "aumentando de manera artificial los ingresos de los colegios en cantidades millonarias" y que "las escuelas de práctica jurídica se hacen en la práctica con el monopolio de la formación de postgrado".
También, denuncian que "se trata de un enorme negocio para los colegios, que contraviene la Ley sobre Colegios Profesionales y la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo".
Finalmente, Analap afirma que "los nuevos requisitos de acceso a la profesión en España no aligeran la carga de requisitos necesarios para ejercer en otro país de la UE. Por tanto, concluimos que la Ley 34/2006 no es una exigencia de la UE ni nos acerca a Europa a la hora de homologar títulos".
Consideran que la ley no cubre sus expectativas, ni responde a los dos proyectos no de ley presentados por el Grupo Popular en la oposición y en la actual legislatura, ambos con idéntico texto, pidiendo al Gobierno la exclusión de los licenciados en Derecho de la Ley.
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