
Lima, 12 abr (EFE).- Unos 1.500 militares peruanos han acordonado la zona selvática de Cuzco, en el sur del país, donde un grupo de "narcoterroristas" secuestró a 43 trabajadores el lunes y en la que el Gobierno impuso el estado de excepción el miércoles, informó hoy el ministerio de Defensa.
El titular de esa cartera, Alberto Otárola, viajará a la zona para supervisar el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, según una nota del ministerio de Defensa.
El comunicado añade que los secuestradores son "narcoterroristas" (terroristas vinculados al narcotráfico), y que apenas ocurrió el hecho se constituyó un "comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional" desde el mismo lunes con discreción y reserva.
"Las Fuerzas Armadas han desplegado 1.500 efectivos quienes han acordonado la zona con el objetivo de aislar a los delincuentes narcoterroristas que mantienen retenidos a los mencionados trabajadores", subraya la nota oficial.
El Gobierno peruano adoptará "todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes", y manifiesta su solidaridad "con la angustia de sus familiares" a los que pide mantener la calma.
El Ministerio del Interior informó el miércoles a Efe de que un grupo de 43 trabajadores de dos empresas contratadas por el consorcio de gas de Camisea sigue secuestrado en la selva del Cuzco.
En una nota de rescate difundida por medios locales los captores exigen el pago de 10 millones de dólares (7 millones de euros), una "cuota de guerra" anual de 1,2 millones de dólares (900.000 euros) y explosivos.
Nueve de los trabajadores fueron interceptados en un campamento y el resto en otro en la localidad de Kepashiato, según la fuente, y pertenecen a las empresas Coga y Skanska, que ofrecen servicios al consorcio de gas de Camisea.
Kepashiato se ubica en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), un lugar selvático de difícil acceso donde se movilizan remanentes de la banda armada Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico.
Los familiares de los secuestrados han pedido la intervención del presidente del país, Ollanta Humala, al afirmar que están "desesperados" por la situación.
El Gobierno peruano decretó el miércoles el estado de emergencia (excepción) en la provincia cuzqueña de La Convención, donde se encuentra la localidad en la que se originó el secuestro masivo.
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