Madrid, 27 mar (EFE).- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que las víctimas de la guerra civil y de la dictadura contarán con los mismos "recursos, instrumentos y valores de atención" que les ofrecía la oficina destinada a este fin y que ha sido suprimida por el Gobierno.
Ruiz-Gallardón ha respondido así en el Pleno del Senado a una pregunta de la parlamentaria de Amaiur Amalur Mendizabal sobre la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, encargada de coordinar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos.
Con la nueva estructura del Ministerio de Justicia, desapareció la oficina, creada en 2008, y sus funciones serán desempeñadas por la División de Gracia y Otros Derechos que dirige la Subsecretaría de Justicia.
La senadora de Amaiur ha valorado el trabajo que ha llevado a cabo esa oficina, con la coordinación de un mapa de fosas que incluía la localización, características y otros datos relevantes, tal y como está previsto en la Ley de Memoria Histórica, que "otorgó a las administraciones un papel colaborador en la búsqueda de cientos de miles de fusilados".
Además, esa entidad realizaba una labor informativa con los familiares para que conocieran su derechos, ha subrayado la senadora antes de considerar que la supresión supone "otra nueva traba, otra piedra en el camino, para evitar las labores de investigación y de reparación".
Ha confiado en que la División de Gracia -"nombre con un mal presagio", ha ironizado- actúe "conforme al derecho penal internacional, no al derecho de gracia divino".
Según los datos que ha ofrecido la senadora, la oficina contabilizó en su labor 2.200 fosas, mientras que se calcula que hay 114.000 víctimas sin exhumar, una cifra "muy elevada".
Mendizabal ha dejado claro el deseo de su formación de que todas las víctimas de todas las violencias sean "tratadas por igual, sin distinciones de categoría", ya que "no son más o menos víctimas en función de cuál ha sido el origen de la violencia sufrida".
La senadora ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Supremo, que señala que "al Estado le corresponde, a través de sus organismos, la labor de conocer la verdad de lo ocurrido y la suerte de los desaparecidos".
Por todo ello, la representante de Amaiur ha preguntado al ministro si, tras el cierre, las víctimas "van a tener los mismos instrumentos, recursos y valores de atención que les destinaba el Estado a través de esta oficina".
Gallardón, en una breve respuesta, se ha limitado a decir: "Después de oír la escueta formulación de su pregunta, donde me pregunta si van a seguir teniendo las víctimas los mismos instrumentos recursos y valores, la respuesta es sí, exactamente los mismos".
Ni la senadora ni el ministro han utilizado su segundo turno.
