Madrid, 23 feb (EFE).- Una antigua conserje del Ayuntamiento de Las Rozas ha dicho hoy que en los años 90 hubo muchas quejas referidas a la ludoteca, una instalación pública por cuya gestión presuntamente irregular es enjuiciada estos días la exconcejala de Servicios Sociales Isabel Montero.
Montero, exedil del Partido Popular (PP), afronta 20 meses de cárcel por el supuesto trato de favor a una sobrina, a la cual presuntamente ayudó para que asumiera la dirección de la ludoteca.
La declaración de la exconserje Josefa M.M. ha sido la única en el segundo día del juicio a la exconcejala y a la educadora social Dolores P.G., a quienes el fiscal acusa de falsedad documental por haber ordenado y realizado presuntamente un informe negativo de las personas que dirigían la ludoteca del municipio en 1996 para poder dar su dirección a una sobrina de Isabel Montero.
En su testificación en la sección sexta de la Audiencia Provincial, la exconserje del Consistorio hasta su jubilación ha señalado que después de la exconcejal quien mandaba era Mar P.P., coordinadora y directora de los Servicios Sociales y a quien Dolores responsabiliza de haber ordenado elaborar el citado informe.
Además, la testigo ha resaltado los problemas que tenía la ludoteca antes de decidirse su cambio de gestión.
"No saben las quejas de las madres de los chicos por la ludoteca, quejas tan tremendas por peleas que un día llegué a llamar a la Policía Local", ha comentado Josefa M.M.
También hubo peleas entre los propios responsables de la ludoteca, "delante de los niños", ha dicho Josefa M.M., quien ha añadido lo "mal" que se llevaban la exconcejala Montero y Mar P.P., la mujer que, según fuentes jurídicas, le denunció.
La vista continuará el 5 de marzo próximo al no haber comparecido hoy el único testigo que falta por declarar, el bedel del Ayuntamiento.
El escrito provisional del fiscal sostiene que los hechos sucedieron en 1998 cuando Dolores P.G. redactó por encargo de Montero, "con un manifiesto desprecio a la verdad", un informe desfavorable sobre la empresa que llevaba el servicio de ludoteca.
Con ello, las procesadas pretendieron justificar la propuesta realizada por Isabel, en marzo de 1997, para la adjudicación de este servicio a favor de otro grupo, precisamente integrado por la sobrina de la acusada y otras dos mujeres.
Las acusadas fecharon el referido informe en diciembre de 1996 y una nota sobre el tema en febrero de 1997, cuando "realmente" todo se había hecho posteriormente, según el fiscal, por lo que no figuraba dentro del expediente administrativo de contratación de 1997 del Ayuntamiento de Las Rozas.
Estos hechos ya fueron juzgados por un delito de tráfico de influencias en un juicio con jurado popular.
