La Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio ante el Banco de España y ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sobre irregularidades en seguros de desempleo y vida que algunos consumidores se han visto obligados a suscribir para acceder a un crédito hipotecario.
El actual contexto de crisis económica ha motivado la llegada de diversas quejas. Son ciudadanos que tras haberse quedado sin empleo, han solicitado a las compañías la aplicación de la cobertura del seguro por desempleo que tenían suscrita y se les ha denegado. El motivo que alegan las aseguradoras para no indemnizar es que los clientes carecen de un contrato laboral indefinido, lo que al parecer era un requisito de la póliza. Hay que recordar, además, que las primas de dicha póliza son elevadas, al estar calculadas en función del préstamo concedido o de las cuotas mensuales.
Trampa para militares y funcionarios
La Defensoría también ha recibido quejas de funcionarios y militares a los que las entidades bancarias también han obligado a suscribir un seguro de vida y de desempleo ligado al préstamo hipotecario, a sabiendas de que no es probable que se queden sin trabajo. En el caso de los militares, incluso, al tener un empleo de riesgo se les excluye de la cobertura de fallecimiento del seguro de vida.
Estos clientes, al conocer que no existe la posibilidad de cubrir la contingencia de desempleo, y la de fallecimiento en el caso de los militares, consideran que no ha existido una información clara, ajustada y transparente por parte de las entidades bancarias, por la falta de interés asegurable. Por ello, han pedido a las compañías de seguros la anulación de las pólizas y la devolución de las primas abonadas, solicitud que está siendo rechazada, produciéndose un enriquecimiento injusto de las compañías aseguradoras pertenecientes a las mismas entidades bancarias, que no han corrido ningún riesgo.
A juicio de la Oficina del Defensor del Pueblo no parece posible que las entidades bancarias excusen falta de conocimiento de la situación laboral de sus clientes, pues entre la documentación necesaria para conceder los préstamos hipotecarios se encuentra el contrato de trabajo o similar. Por tanto, saben antes de obligar a suscribir las pólizas de seguro que no se cumple el requisito fundamental para desplegar la cobertura, el contrato laboral indefinido, lo que provoca la ausencia de interés asegurable.
Además podría existir un conflicto de intereses por pertenecer tanto las entidades bancarias como las compañías aseguradoras al mismo grupo financiero.
Por ello, ha instado al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a que informen sobre si tienen conocimiento de este problema, así como del número de reclamaciones que han recibido por este motivo y las soluciones aportadas. A la oficina del Defensor del Pueblo le interesa también conocer las medidas previstas por la Administración para evitar que estas prácticas se sigan produciendo, dadas las consecuencias económicas negativas para los clientes. Por último, esta investigación pretende averiguar si esta situación se ha generado también con compañías de seguros independientes de las entidades bancarias.
Fraude en seguros por ocultar información
