La Fiscalía General del Estado anunció ayer que ha recibido la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por supuestos cobros ilegales percibidos en notarías y Registros de la Propiedad sobre cobros irregulares en la cancelación de créditos hipotecarios (ver elEconomista de 7 de septiembre de 2011).
En una nota, la Fiscalía informa que el Fiscal de Sala Delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz, ha abierto Diligencias Informativas para esclarecer la naturaleza de los hechos denunciados.
Ante este anuncio, el Consejo General del Notariado respondió con un comunicado en el que asegura que "el análisis hecho por la OCU no puede extrapolarse a la totalidad de los notarios y de las cancelaciones hipotecarias de 2010".
Resolución de reclamaciones
Asimismo, informa de que es competencia de los Colegios Notariales resolver los recursos que interpongan los ciudadanos frente a las minutas arancelarias de los notarios. Y que desde 2007 estas instituciones han resuelto, casi sin excepción, a favor de los ciudadanos las escasas reclamaciones presentadas sobre cancelaciones hipotecarias.
La competencia del Consejo del Notariado en materia arancelaria, argumenta, "es informar, como así ha hecho, a los Colegios Notariales sobre la legislación vigente y la interpretación que de ella haga la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de la que dependen los notarios". Así, sobre este particular, considera que los notarios deben aplicar la doctrina de la DGRN en materia de cancelación de hipotecas -, que en los últimos meses se ha pronunciado en el sentido de que son documentos sin cuantía-, sin perjuicio y a la espera de conocer los pronunciamientos judiciales pendientes sobre la materia". Finalmente, el Notariado reitera su colaboración con la Fiscalía".
La OCU se ha dirigido, además de a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y a la DGRN para que requieran los colectivos de notarios y registradores a revisar de oficio todas las facturas de cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y a devolver, en su caso, las cantidades cobradas ilegalmente.