Armonizar aspectos tan importantes para la Justicia como el acceso de todos los ciudadanos en cualquiera de los Estados miembros a un abogado que les defienda y mantener las órdenes de alejamiento o protección de las víctimas dictadas en un país comunitario cuando se desplacen, se ha convertido en un firme objetivo de la Unión Europea (UE).
En concreto, cuenta ya con unLibro Verde para presentar una Directiva, que contiene unas normas mínimas para los Veintisiete, que rijan los derechos de los sospechosos y acusados en procesos penales en laUnión Europea, de forma que se impulse la confianzamutua entre las autoridades judiciales y se facilite la aplicación del principio de reconocimiento muto.
En concreto, se trata de normas tan básicascomoel acceso a un abogado en cualquier país, la duración y la frecuencia de la atención para preparar las defensas o la posibilidad de contactar con el consulado correspondiente, un familiar o el empleador. Así, los Estados miembros deberán velar porque los sospechosos o acusados tengan acceso a un letrado tan pronto como sea posible y, en todo caso, antes del inicio de ser interrogatorio policial o de otras autoridades competentes; en el momento de realizar cualquier acto procesal o de obtención de pruebas en que se requiera la presencia del acusado.
Asimismo, las legislaciones nacionales deberán armonizar la duración y la frecuencia de las reuniones entre el sospechoso y su abogado, de forma que, en ningún caso pueda limitarse el ejercicio de su derecho de defensa. Pero además, el Parlamento ha ultimado, paralelamente, una propuesta de reglamento en el que se incluyen medidas de protección para las víctimas cuando viajan por territorio europeo.
Pasos previos
Por ahora, existen normas para que los jueces y magistrados de todos los Estados miembros colaboren y hagan posible la aceptación de las sentencias dictadas en cualquiera de los países miembros y se ejecuten las órdenes de búsqueda o detención emitidas por los tribunales de otros Estados.
Además, el espacio europeo cuenta con la Directiva sobre el derecho a traducción e interpretación, otorga a los ciudadanos europeos que sean procesados penalmente en otro Estado miembro derecho a un intérprete durante el juicio y a la traducción de los documentos necesarios para defenderse durante el proceso.
