"Es necesario reformar y ordenar toda la materia relativa al secreto de sumario de forma que el legislador dé al juez los instrumentos normativos necesarios que permitan llegar a un justo equilibrio entre el derecho a la información y la necesaria garantía a un proceso justo". Así lo señaló ayer la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo
Bravo lamentó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) "no vea la luz en esta legislatura porque lo ideal sería un nuevo modelo de procesal acorde con el modelo europeo que delimite y concrete las funciones del fiscal, de la policía y del juez".
Durante el encuentro El derecho a la información y sus límites, organizada por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), en colaboración con el grupo La Ley/Wolters Kluwer, explicó Bravo que existen informaciones que "pueden poner en tela de juicio la actividad procesal y que, por tanto, no deberían salir del proceso por la quiebra que supondrían para su marcha y para los derechos del enjuiciado".
Así, explicó, "hay que ser tremendamente respetuoso con las actuaciones judiciales y el juez debe poder decidir en un marco ajeno a manifestaciones peyorativas y ataques personales". Se refirió a las "consecuencias perniciosas" de las informaciones obtenidas de forma indebida "que dan lugar a juicios paralelos en que algunos medios tratan de sustituir al propio juez en su función de juzgar".
A este respecto, insistió la portavoz en que no se trata de instaurar en España una Ley mordaza, con responsabilidades administrativas e incluso penales para los medios de comunicación, si bien, dijo, "no pueden justificarse ataques al honor o la presunción de inocencia de una persona por dar una información".
Además, lamentó que estos juicios "afectan a la apariencia de imparcialidad del juez sometido a una presión mediática que va mucho más allá de la mera crítica a resoluciones judiciales". Y es que suponen, prosiguió, "un ataque que sitúan a la Justicia en una situación muy débil de descrédito, y no se puede atentar de forma tan irracional contra una función tan importante como es la de juzgar".
El secreto de sumario no omite los derechos
