Servirse del Derecho para impulsar la economía y el mercado único europeo continúa siendo uno de los principales empeños de la demócrata-cristiana luxemburguesa Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y titular de la cartera comunitaria de Justicia. Reding acaba de desvelar alguno de los pilares sobre los que se sustentará la propuesta legislativa que prevé presentar en octubre, para acuñar una legislación europea sobre contratos aplicable a transacciones internacionales en el seno de la UE entre empresas, y entre empresas y consumidores.
El objetivo no es armonizar los Derechos de los 27 países de la UE en la materia. La futura legislación europea conviviría con las legislaciones nacionales. Estas últimas seguirían siendo aplicables a las transacciones dentro de cada país, salvo que algún Estado renuncie a sus normas y aplique las comunitarias. Las reglas de la UE serían optativas: consumidores y empresas elegirían usarlas libremente en sus relaciones transfronterizas como alternativa a las reglas nacionales. Los consumidores deben ser informados de manera clara, y dar su consentimiento.
Reding defiende incluir los productos digitales en el campo de aplicación de esta futura norma. Y que, en caso de bienes no suministrados entre compañías, las empresas puedan insistir en la entrega para a su vez satisfacer a sus clientes, y no sólo en la compensación.
Si los eurodiputados no se salen hoy del guión previamente negociado entre ellos mismos, el pleno del Parlamento Europeo debería votar hoy a favor de un informe favorable a este proyecto. La posición de la Eurocámara no tiene, a estas alturas del proceso, porqué coincidir punto por punto con los planes de la Comisión Europea. Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ya votaron sobre esta iniciativa el pasado mes de abril.
La intención de ambas instituciones comunitarias es evitar que las empresas, especialmente las pymes, renuncien a ofrecer sus bienes y servicios en países de la UE diferentes del suyo, desanimadas ante el obstáculo de tener que hacer frente a una jungla de variopintos derechos nacionales en materia de contratos. Jungla que impide que saquen provecho del mercado supuestamente único continental, y que dificulta que este logro de la construcción europea ejerza de verdad de motor para impulsar la actividad económica.
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