La cancelación de datos personales que quedan disponibles en la web es una cuestión cada vez más reclamada por los ciudadanos. Se trata del llamado derecho al olvido en Internet que durante el pasado año aglutinó un 56 por ciento más de peticiones ciudadanas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd), hasta acercarse al centenar, frente a las 57 recibidas en 2009, o las tres de 2007.
Lo explicó ayer el director de la Aepd, Artemi Rallo, durante la presentación de la Memoria de la institución correspondiente al año 2010, en la que será su última comparecencia en el cargo tras vencer su mandato de cuatro años.
Rallo reveló que los casos en que se han planteado estas peticiones "hacen referencia a la publicación de datos en ediciones digitales de diarios oficiales y su indexación en buscadores de Internet". Durante su comparecencia, explicó que el pasado año la Aepd resolvió en este ámbito en torno a 110 tutelas en 2010 -frente a las 4 de 2007-. En concreto, el número total de investigaciones iniciadas por denuncias y de oficio, en todos los ámbitos, fue de 4.302, un 4 por ciento más que en 2009.
De éstas, se iniciaron 168 actuaciones de investigación relacionadas con servicios de Internet. Así, las reclamaciones en redes sociales alcanzaron las 40, siendo los principales motivos la difusión de fotografías, la suplantación de identidad, y la tutela del derecho de cancelación de datos.
En este sentido, Rallo destacó que en 2010 la Aepd inició de oficio investigaciones a grandes compañías del sector como Google -por el servicio Street View- y Facebook y Myspace, por supuesta transmisión de datos de perfiles. Además, avanzó que la Agencia ya ha iniciado diligencias para determinar si tanto Nintendo como Sony ha vulnerado la Ley de Protección de Datos.
Por su parte, el sector de videovigilancia acumuló 819 actuaciones de inspección, y se situó como el sector con mayor número de infracciones declaradas -un total de 176-. La instalación de cámaras en empresas sin cartel informativo; la falta de inscripción de ficheros o la colocación de cámaras en locales comerciales tomando imágenes de la vía pública, fueron los principales motivos de denuncia y sanción.
Por otro lado, la Memoria especifica que en 2010 se resolvieron 767 procedimientos sancionadores, de los que 591 acabaron con sanción, con un importe total de 17,4 millones de euros, siendo el sector de telecomunicaciones el que aglutinó más del 50 por ciento del importe global de las sanciones, con 9,18 millones de euros, colocándose, un año más, en primer lugar en número de reclamaciones y actuaciones de investigación, con 1.170.
El tratamiento de datos en la esfera de la morosidad o el ámbito sanitario fueron otros de los sectores que aglutinan el mayor número de reclamaciones.
Ratificación judicial
Finalmente Rallo indicó que de los 325 recursos presentados ante la Audiencia Nacional contra resoluciones
de la Agencia, la Justicia alcanzó un grado de ratificación de sus resoluciones en torno al 70 por ciento. Un "dato tranquilizador", según explicó el director, "que evidencia que la Agencia cumple rigurosamente con la Ley".
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