El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, deberá abonar a Castilla-La Mancha el importe de las recetas por suministros farmacéuticos correspondiente a diciembre de 2001, un mes antes de recibir el traspaso de las competencias sanitarias del antiguo Insalud.
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que ratifica la decisión adoptada por la Audiencia Nacional en 2008 y desestima el recurso presentado por la Administración del Estado, condena al Ingesa a pagar la factura de 28 millones de euros porque la obligación de pago se generó antes del traspaso.
El Ingesa había denegado hasta ahora los pagos reclamados por entender que debían ser atendidos por las comunidades autónomas, ya que ?la factura correspondiente a tales gastos no era exigible cuando se produce el cierre del sistema el 31 de diciembre de 2001, pues se emite el 10 de enero de 2002 y hasta el 20 de enero no se procedería a su pago?.
Sin embargo, como recuerda ahora el Tribunal Supremo, ?la obligación presupuestaria correspondiente al mes de diciembre derivaba de su previsión en el presupuesto del 2001?. Además, rechaza que la decisión adoptada ?sea gravemente dañosa para el interés general?, como pretende el Ingesa, ?porque la controversia no se extiende a la cuestión de que el abono de aquella factura de farmacia sea o no debido, sino sólo a cuál de las dos Administraciones contendientes es la obligada a su pago?.
La Sala de lo Contencioso del Supremo desestima así el recurso presentado por la Administración del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 2008 que obligó al Ministerio de Sanidad a hacerse cargo de la factura de diciembre de 2001 de la Región de Murcia y que ha marcado el signo de las dos resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo sobre las reclamaciones de pagos pendientes efectuadas por las comunidades autónomas integradas en el antiguo Insalud y que superan los 200 millones de euros.
