BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha obligado a España a modificar su legislación con el objetivo de limitar la facultad de los poderes públicos de modificar los contratos públicos tras su adjudicación. Tras esta reforma, incluida en la Ley de Economía Sostenible, el Ejecutivo comunitario ha cerrado este miércoles el expediente que había lanzado contra España por incumplir la normativa de la UE en materia de contratos públicos.
No obstante, Bruselas ha anunciado que "el nuevo régimen se someterá a un minucioso examen y un estrecho seguimiento, a fin de asegurar la total compatibilidad de esta nueva Ley con las normas de la UE sobre modificación de los contratos y obras complementarias".
El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra España tras constatar la existencia de un "problema generalizado" en lo referente a la modificación de los contratos una vez adjudicados, fundamentalmente gracias a las auditorías de proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Cohesión. La indebida modificación de los contratos tras su adjudicación, sobre todo en relación con obras complementarias, es uno de los motivos más frecuentes de las correcciones financieras en el caso español.
La Comisión consideró que la legislación española "confería a las entidades adjudicadoras poderes muy amplios, casi ilimitados, para modificar cláusulas esenciales de los contratos públicos tras su adjudicación, en condiciones que no se atenían a los principios de igualdad de trato entre licitadores, no discriminación y transparencia fijados por las normas sobre contratación pública de la UE".
Bruselas estimó asimismo que la normativa "abría la posibilidad de que la entidad adjudicadora recurriera a procedimientos negociados sin publicación".
El Ejecutivo comunitario cree que, con la reforma incluida en la Ley de Economía Sostenible, se garantiza que los licitadores se encuentren en pie de igualdad al formular sus ofertas, lo que también permitirá a la entidad adjudicadora comparar y evaluar las distintas ofertas.
"Además, un régimen apropiado de modificación de los contratos tendrá probablemente una influencia positiva a la hora de evitar ofertas anormalmente bajas, ya que el licitador seleccionado y la entidad adjudicadora no podrán volver a negociar libremente los términos del contrato una vez licitado y adjudicado", ha concluido la Comisión.
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