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Las empresas recurren a los acuerdos previos en precios de transferencia

Imagen: Archivo

Las empresas que operan en países diversos han comenzado a resolver las discusiones en materia de precios de transferencia mediante acuerdos previos de valoración y a través de negociaciones con las autoridades competentes, arbitraje y apoyo especializado en caso de litigio, según explica un informe sobre la materia elaborado por el equipo de Global Transfer Pricing de KPMG Abogados.

Los procedimientos amistosos y los acuerdos previos de valoración (Advance Price Arrangement, -APA-) en materia de precios de transferencia han aumentado significativamente, incluyendo cada vez más, a más países de la UE. Antiguamente, las multinacionales solían aceptar la doble imposición a menos que el impacto fuese material. En la actualidad, el aumento de las inspecciones de precios de transferencia en la mayoría de los países ha obligado a cambiar la política adoptada por muchos contribuyentes en este sentido.

Según afirma Vicente Durán, socio responsable de la práctica de precios de transferencia de KPMG Abogados, en España ha habido recientemente un posicionamiento expreso de la Administración tributaria española en las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011 (BOE 7 de Febrero) en las que se refiere, como actuación de carácter preventivo incluido en el plan, se fomentarán los APA como instrumento más adecuado para eliminar los riesgos que conlleva la aplicación de una estrategia incorrecta de precios de transferencia.

El crecimiento a largo plazo del comercio internacional y el aumento de los déficits fiscales, ha llevado a muchos Estados a centrarse en proteger su base imponible.

Crecen las obligaciones

Según este estudio, titulado Global Transfer Pricing Review, esta tendencia ha incrementado el control de los gobiernos de todo lo que tiene que ver con precios de transferencia, especialmente en relación con la atribución de pérdidas, la reestructuración de negocios, transferencias de activos intangibles y transacciones financieras entre empresas del mismo grupo.

Los diferentes gobiernos comunitarios han intensificado los requerimientos de documentación para las multinacionales, bien introduciendo normas específicas de documentación (por ejemplo, el caso de Francia y Grecia) o al introducir planes de protección a través de la incorporación de sanciones específicas (es el caso de Italia).

Otros países están a punto de introducir normas que no sólo abarcan la documentación, sino también directrices importantes sobre precios de transferencia (por ejemplo, Irlanda, Austria y Rusia).

En España, la norma introduce requerimientos específicos de documentación desde el ejercicio 2009 y sanciones muy duras.

A parte del cumplimiento de la las exigencias de documentación, el informe aconseja desarrollar políticas de precios de transferencia sostenibles desde el punto de vista económico y llevar a cabo una planificación fiscal con visión de futuro, con beneficios fiscales a largo plazo, y desarrollar e implantar políticas, procedimientos y sistemas eficaces de control sobre las transacciones entre el mismo grupo.

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