La sentencia del Tribunal Supremo que anuló el control de legalidad regulado en el Reglamento Notarial es "manifiestamente contraria" al tenor de las leyes que regulan este control de legalidad, así contradice sin motivación la constante doctrina jurisprudencial del propio tribunal, incluso de la propia sala y sección, así como la doctrina del Tribunal Constitucional.
Así lo reconoció ayer Miguel Herrero de Miñón, miembro permanente del Consejo de Estado, al referirse a la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de mayo de 2008, que anuló el artículo 145 del Reglamento Notarial y puso en tela de juicio la función de control de la legalidad de los notarios.
Durante su intervención en el XI Congreso del Notariado Español, que se clausuró ayer en Sevilla y que forma parte de los actos del 150 aniversario de la Ley del Notariado, Herrero de Miñón justificó que no faltan ni preceptos legales ni doctrina jurisprudencial para amparar el control de legalidad del Notariado. "Es ese carácter público de la función notarial el que explica la colaboración del Notariado con la administración en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales", afirmó el ponente.
Y sobre las críticas de la sentencia a la atención de los notarios a sus clientes, indicó que "no se trata, claro está, de un abogado de parte, sino de un funcionario. Pero, por otro lado, al notario le corresponde una labor de asesoramiento a quienes solicitan su intervención sobre todo a la parte más débil. Ello hace necesario que se garantice una plena independencia".
Alertó contra la tentación de crear sistemas especiales de fe pública, tal y como ocurrió con la firma electrónica avanzada, que finalmente se desestimó. Y advirtió sobre los peligros que plantea confundir la seguridad técnica de lo comunicado por sistemas informáticos con la seguridad jurídica.
Sobre el control de la legalidad de los notarios habló también la exdirectora general de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales, quien aseguró que "la previsión de la sentencia del Tribunal Supremo no es sobre los notarios, sino sobre quienes tienen que salvar este escollo".
Error en la Ley de Mediación
Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se refirió a los problemas de atomización que ha generado la Ley de Arbitraje y mostró su preocupación porque puedan repetirse en la futura Ley de Mediación.
"Podemos caer en el mismo error de dar salida profesional a determinados colectivos, que han visto una salida para muchos de sus integrantes, lo que dificultaría el funcionamiento de la Ley", señaló.
De Rosa se refirió, sin embargo, a los colegios notariales, "que en el campo de la mediación tienen mucho que decir, puesto que esta actividad la pueden realizar dentro de su facultad de colaborar con la Administración del Estado".
Finalmente, Guillermo Jiménez, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, recomendó a los notarios exportar la seguridad jurídica de que dotan al tráfico inmobiliario en contratos como los fondos de inversión o pensiones, que requieren de mayor grado de seguridad.
Toda la información legal y jurídica en Ecoley.es
