"El actual modelo legislativo y judicial está agotado". Así de contundente se mostró ayer Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en una entrevista concedida a elEconomista.
En su opinión, estamos ante un sistema "cargado de parches y de nuevos procedimientos que hace imprescindible una reflexión conjunta de todos los operadores jurídicos -con una gran carga de altruismo, generosidad y autocrítica-, sobre los problemas de gobernanza de la actual Administración de Justicia y sobre cuáles podrían ser las reformas que condujesen a una mejor y más actual Administración".
Por otra parte, en materia de ejecuciones hipotecarias, el presidente del CGAE aseguró que su elevado número se deriva de una situación excepcional como es la crisis económica. Ahora bien, aseguró que esta situación "estimula la mente de los juristas e impresiona a la realidad social que está ahora mismo materializada en la crisis, para un avance en la doctrina referente a la ejecución hipotecaria". No obstante, lo negativo de esta situación, a su juicio, es que "son siempre los ciudadanos los que padecen las malas o deficientes regulaciones e interpretaciones tanto de la Ley Concursal como de la Hipotecaria", apostilló.
Control antiblanqueo
Respecto del blanqueo de capitales, Carnicer señaló que los mecanismos para mantener el secreto profesional de los abogados son a la vez mecanismos eficaces para que no se produzca este delito.
Así, indicó que las normas deontológicas exigen al abogado comprobar la identidad de la persona que paga el servicio, "de forma que cualquier juez que persiga a una persona determinada, mediante una diligencia siempre encontrará este registro". Y es que, afirmó, "nosotros nos hemos preocupado mucho antes que la legislación antiblanqueo de la pureza del tratamiento de los fondos del cliente por parte del abogado".
Ahora bien, también señaló que el hecho de que la legislación europea dé al abogado derecho a mantener el secreto profesional "con el límite de lo que digan las disposiciones legales nacionales", obliga a estos profesionales a establecer unos medios de denuncia para la detección de hipotéticos supuestos de blanqueo que, en ocasiones, no puede afrontar". Así, criticó que se establezcan leyes "que se sabe previamente que es difícil que sean atendidas".
A este respecto, advirtió de la necesidad de encontrar métodos para detectar el blanqueo a través de las comunicaciones de los abogados "teniendo en cuenta el coste que para el derecho a la intimidad, secreto profesional y presunción de inocencia tienen esas denuncias, para poder ser justos con el dilema libertad-seguridad".
Reglamento de Extranjería
El presidente del CGAE hizo referencia al borrador del Reglamento de Extranjería, en fase de alegaciones y en periodo de audiencia pública, y señaló que "la Abogacía transmitirá en breve las alegaciones que creen convenientes, que incidirán, fundamentalmente, en el respeto a la libertad y al derecho de defensa, y tendrán en cuenta las últimas interpretaciones doctrinales y regulaciones sobre la necesidad de tener que solicitar dos veces el beneficio de justicia gratuita".
Lo más importante en la materia, para Carnicer, son los colectivos más vulnerables como los "menores inexpulsables, los asilados, o las mujeres víctimas de violencia de género".
Respecto del Turno de Oficio, el presidente del CGAE señaló que "estamos sufriendo muchísimo con la Justicia Gratuita" y aseguró que "las quejas constantes de las comunidades autónomas sobre su costo no están justificadas". Así, calificó de "muy graves los retrasos en el pago a los abogados del turno" por la prestación de "un servicio público excelente en la atención ofrecida a los ciudadanos".
Por último, Carnicer se refirió a la figura de la acusación particular, de la que, dijo, "es imprescindible para defender a las víctimas al margen de la acusación pública del Estado". Sobre el futuro Estatuto de la Abogacía, aseguró, que el proyecto está ya realizado en aproximadamente un 75 por ciento.
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