Un informe del Reaf concluye que la situación creada por las comunidades autónomas no favorece la recaudación. "Estamos ante la Selva Oscura de Dante en legislación autónoma y esta situación no facilita la recaudación tributaria", afirmó ayer Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
Estas afirmaciones las realizó en el acto de presentación del informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) sobre la Fiscalidad Autonómica y Foral en 2011, en el que se afirma que "cada vez existe una mayor dificultad para conocer la legislación autonómica aplicable en un año determinado debido a las continuas mo- dificaciones".
Para Jesús Sanmartín, presidente del Reaf, actualmente existen 23 leyes que cambian anualmente y "los cambios normativos impiden que se consoliden los criterios interpretativos y doctrinales, administrativos o jurisprudenciales".
Luis del Amo, gerente del Reaf, explicó que "la calidad de la legislación autonómica hay veces que es manifiestamente mejorable y no es raro que encontremos referencias a normas estatales obsoletas, errores de salto o requisitos que la UE consideraría contrarios a los principios de no discriminación o libertad de establecimiento".
En la mayor parte de las normas utilizadas para regular reducciones, bonificaciones o deducciones proliferan los requisitos restrictivos para su aplicación, por la que el número de contribuyentes favorecidos por esos beneficios fiscales suele ser pequeño y el impacto recaudatorio muy limitado.
El Reaf destaca también que existen impuestos autonómicos que "no cubren con su recaudación los costes de gestión" y las deducciones establecidas, en muchos casos, ocasionan problemas en la gestión que no se justifican por la importancia de los resultados económicos.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) se han registrado caídas muy destacables en la recaudación al encontrarse ligados al sector inmobiliario. En ITP ha caído un 60 por ciento mientras que en AJD la bajada es del 55 por ciento sobre la media de 2006-2009. Entre ambas, la crisis se ha llevado más de 10.000 millones de euros.
No obstante, en este tributo algunas comunidades autónomas (CCAA) vuelven a subir las dos modalidades: Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) en transmisión de inmuebles que se ha elevado del tipo general del 7 por ciento a un 8 ó, para importes elevados, hasta el 9 ó 10 por ciento. En tres Autonomías (Asturias, Cataluña y Extremadura) se ha incrementado AJD al 1,15 ó al 1,2 por ciento.
Incumplimientos legales
El informe denuncia también que determinados requisitos exigidos para gozar de un beneficio fiscal en Sucesiones y Donaciones pueden incumplir el principio de libertad de establecimiento.
Por ello, consideró ayer que "convendría reflexionar sobre la idoneidad de la amplísima capacidad normativa actual de las CCAA contraponiendo la corresponsabilidad tributaria con los problemas que se crean: conflictividad, difícil ajuste de retenciones, traslados por motivos fiscales, etc.".
La mayoría de las novedades se han producido en dos impuestos, aunque son ocho sobre los que tienen capacidad normativa: IRPF y Transmisiones Patrimoniales. En el primero, son cinco las comunidades, Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura, que han decidido elevar la tarifa, aunque sólo para las rentas más altas. Cada una ha puesto límites diferentes, aunque todas a partir de los 55.000 euros.
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