La Comisión Europea dio ayer un ultimátum para que España modifique el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si el Estado no se pliega a las exigencias de Bruselas en dos meses, sus abogados tendrán que vérselas con los del Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de la UE.
Bruselas considera que el impuesto español sobre sucesiones y donaciones es discriminatorio, porque impone una mayor carga fiscal sobre los no residentes y los activos radicados en el extranjero. Las Comunidades Autónomas imponen un gravamen mucho más bajo que el Estado, y es éste último el que actúa en el caso de contribuyentes que no residen en España y de donaciones de bienes situados fuera del país.
La Comisión Europea ya amenazó con denunciar a España ante el Tribunal de la UE por esta misma cuestión en mayo de 2010. Y aunque reconoce que la legislación española ha sido modificada, añade que sigue sin respetar completamente el Derecho comunitario.
Medicamentos y pensionistas
Bruselas también anunció ayer que denunciará al Estado español ante la Justicia comunitaria porque, en su opinión, discrimina a los pensionistas de otros países de la UE que están temporalmente en España, al complicarles o incluso negarles el acceso gratuito a los medicamentos.
Los pensionistas residentes sí disfrutan del derecho de acceder a los fármacos de manera gratuita. Sólo en Valencia, el sistema público financia recetas a jubilados europeos de turismo por valor de 1,89 millones de euros al año, según datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
La Comisión Europea, igualmente, exigió ayer a las autoridades españolas que apliquen la Directiva de 2009 sobre sustancias indeseables en los piensos, como deberían estar haciendo desde julio de 2010. Esta norma establece niveles máximos para determinadas sustancias, cuya presencia en los piensos constituye un peligro potencial para la salud humana, la animal o el medio ambiente. Si España no cumple en dos meses con esta Directiva que pretende garantizar la seguridad alimentaria, Bruselas elevará el caso al Tribunal de la UE.
Por último, Bruselas expedientó ayer a España por su acuerdo con Rusia sobre transporte aéreo. Otros dieciséis países de la UE están expedientados por la misma cuestión.
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