El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley del Juego, que regula el sector, establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía, crea nuevos impuestos que gravarán la actividad de las empresas de apuestas online, que hasta ahora no tributaban, y nuevas licencias para los operadores.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que la nueva Ley viene a regular "una realidad muy distinta a la que se conocía antes" y ha subrayado que el proyecto ha sido pactado con las comunidades autónomas, que tienen transferidas la mayoría de las competencias en materia de juego.
Asimismo, Rubalcaba ha señalado que el Ejecutivo ha aprovechado el proyecto de Ley del Juego para introducir "una normativa básica" que confiera a la ONCE un marco "lo más estable posible", por lo que la organización "queda reforzada". Rubalcaba también ha indicado que el proyecto de Ley también introduce unos nuevos tipo de impuestos para el juego online.
El proyecto de Ley, que iniciará a partir de ahora su tramitación parlamentaria, viene a cubrir un vacío que venía pidiendo el sector desde hacía tiempo, para regular el sector del juego. Hasta ahora, las únicas actividades reguladas eran las del juego presencial, como casinos o bingos, que se rigen por leyes autonómicas y pagan impuestos en cada autonomía. Además, la actividad de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE también están controladas por sendas normas que les otorgan ciertos privilegios, como la capacidad de explotar en exclusivas algunos juegos como la lotería.
Sin embargo, hasta el momento no existía una ley de carácter estatal que regulara el sector en su totalidad y tampoco había ninguna norma que contemplara la existencia de las empresas de apuestas por Internet, a pesar de que este tipo de casas de apuestas llevan tiempo operando en España y tienen una importante influencia en otros sectores.
Así, cada año estas compañías invierten en publicidad y patrocinios más de 100 millones de euros, según diversas asociaciones de empresas, y el año pasado obtuvieron unos beneficios con su actividad en España de alrededor de 315 millones de euros.
Cuando se apruebe la Ley, estas casa de apuestas tendrán que tener una licencia para operar en España, como la de los casinos y bingos, y comenzarán a pagar impuestos, que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas, que tienen atribuidas las comunidades autónomas, según adelantó el director general de LAE Gonzalo Fernández en los Desayunos Deportivos de Europa Press.
¿Quién recauda qué?
Concretamente, fuentes del sector señalan que cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuesten desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se metan, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.
Para evitar que las páginas de apuestas traten de burlar el pago de estos nuevos impuestos operando desde servidores instalados en otros países, el proyecto de Ley del Gobierno contempla actuaciones para cortarles los ingresos a través de los intermediarios como los medios en que se anuncian, las entidades financieras a través de las que los jugadores pagan sus apuestas o incluso tratando con los propios operadores de telecomunicaciones.
La Ley del Juego también supondrá dar más competencias a la Comisión Nacional del Juego, que se convertirá en un órgano encargado de supervisar el sector, y a la Conferencia Sectorial del juego, en el que estarán presentes las CCAA y el Estado, y será un órgano más político encargado de aprobar nuevas modalidades de juego o modificar la fiscalidad sobre los tipos de apuestas, entre otros temas.
Las recomendaciones de la CNC
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya recomendó que los nuevos juegos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) deberían tributar al igual que el resto de los operadores nacionales. Únicamente deberían mantenerse las excepciones en el caso de las loterías tradicionales.
En su informe sobre el anteproyecto de la Ley del Juego, la CNC defiende también una desaparición parcial de las ventajas fiscales de que gozan ambas instituciones al considerar que romperían la competencia en el sector liberalizado. Lea el anteproyecto de ley.
En la misma línea, indicaba que sería preciso eliminar la asignación financiera del Estado a la ONCE con la finalidad de garantizar su viabilidad cuando las ventas del juego sean inferiores a las fijadas en el Acuerdo General ratificado por el Gobierno y esta institución para el periodo 2011-2014. Esta aportación entiende que es una ventaja adicional, en un sector del juego relativamente liberalizado, sobre el resto de operadores, cuya actuación responderá al principio de "riesgo y ventura", se puede ver afectada por estas ventajas.
Recomendó la CNC también que el socio o socios privados que entren en la LAE no sea un competidor de ésta sociedad en las modalidades de juego sometidas a liberalización, al considerar que se producirá una vinculación estructural entre operadores competidores que puede resentir seriamente el funcionamiento competitivo del mercado.
Afirma que es necesario considerar este factor dentro del conjunto de elementos a tener en cuenta en el diseño del proceso de entrada de capital privado en LAE, reflexionando sobre la conveniencia de establecer medidas correctoras en este sentido.
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