La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo dio ayer su visto bueno al proyecto de directiva europea de derechos de consumidores. De esta forma, deja a punto de caramelo la aprobación del buque insignia de la política de defensa del consumidor en la UE.
En efecto, tras la votación de ayer y de que, anteriormente, los gobiernos comunitarios y la comisión europarlamentaria de asuntos jurídicos pusiesen su rúbrica a la iniciativa, ahora sólo queda pendiente de la votación del Pleno de la Eurocámara en marzo.
La propuesta legislativa fusiona y reforma la legislación existente sobre ventas a distancia o fuera de una tienda convencional. De esta forma, se aplicaría a las operaciones en Internet, por correspondencia o por teléfono, o a otras efectuadas fuera de los comercios, como sería la venta a domicilio.
Otras novedades y garantías
Entre otras novedades, la iniciativa prevé un aumento del tiempo de que los consumidores disponen para desistir en sus compras, hasta 14 días, el doble de los que actualmente están consagrados en la legislación europea.
Tras la devolución, los consumidores tendrán el derecho a ser reembolsados por el precio del producto, incluyendo los gastos de envío, también en un plazo máximo de otras dos semanas. En ese caso, el comprador sólo tendrá que pagar el coste de enviar los productos de vuelta al vendedor.
Si, además, el vendedor había omitido información del producto, el plazo para devolverlo se prolongaría hasta los seis meses. El cómputo del periodo de desistimiento comienza en el momento en el que el comprador recibe el producto o, en el caso de servicios, cuando se cierre el contrato.
En general, será el comerciante el que tenga que responder por los daños ejercidos sobre los productos vendidos durante el transporte, hasta que el comprador reciba los bienes comprometidos.
Entre otras garantías, la directiva prohibirá las casillas pre-marcadas que impliquen pagos. Por ejemplo, es el caso de las páginas web en las que, por defecto, aparezca señalado el embarque prioritario en los viajes, o la entrega exprés en el envío de paquetes.
También prevé una protección contra los "gastos ocultos", especialmente en Internet, y los consumidores tendrán que haber sido informados, antes de pagar, del precio total de su compra y de la duración del contrato.
Críticas a la iniciativa
Estas reglas no se aplicarán a ciertos sectores como el inmobiliario, los transportes o los servicios financieros, lo que ha provocado el malestar de los europarlamentarios socialistas.
Así, éstos abogaron porque los servicios financieros, como los pequeños préstamos efectuados a través de mensajes de texto de teléfonos móviles, estén incluidos en la legislación.
Además, los eurodiputados socialistas votaron contra la iniciativa porque entienden que la "armonización maximalista" de los derechos de los consumidores impide que los países europeos establezcan reglas que superen el nivel de protección conferido por la directiva de la UE.
Excluyen a España de la Patente común europea
