
La reforma concursal debe generar velocidad. Ésta es la principal reivindicación de los expertos reunidos ayer en la jornada El concurso en los medios de comunicación, celebrado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y Pluta Abogados GmbH.
Según Javier Yáñez, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, la media de duración de los procedimientos concursales en este momento es de un año y medio, algo que, para Alberto Núñez-Lagos, socio del despacho de abogados Uría Menéndez, provoca los dos grandes problemas que se presentan en el procedimiento concursal: el deterioro de la imagen de la empresa y las situaciones agobiantes de falta de liquidez.
Aunque, según Juan Ferré, socio director de Pluta Abogados, la actual Ley Concursal ha supuesto un gran avance, como, por ejemplo, al permitir la continuación de la actividad empresarial, es necesaria una nueva Ley. Esta reforma debe combinar, según Núñez-Lagos, "la velocidad con la defensa de los derechos de los ciudadanos y la justicia".
Por eso, en su opinión, la solución pasa por la liquidación anticipada, de forma que el deudor pueda pedirla desde la misma solicitud del concurso. Esto era algo ya previsto en nuestra actual legislación, pero que, según los expertos, se potenciará con la nueva ley concursal.
Nuevas soluciones
Además, en esta nueva reforma aparecerá también otra forma de solucionar la insolvencia: la reestructuración de la deuda. Todo apunta a que finalmente será introducido este punto en la nueva ley, junto con una cláusula que permita que, con un porcentaje mayoritario de la deuda, se pueda imponer a la minoría la obligatoriedad de dicha reestructuración.
Con ella, según los expertos, se evitaría el posible chantaje de determinados acreedores que prefieren acudir a los tribunales y, además, se eludirían los largos procesos actuales que se ven colapsados por la multitud de impugnaciones. Algo que no puede asumir un país, ya que, en palabras de Alberto Núñez-Lagos, "un sistema de insolvencia que sea eficiente es necesario para la economía, y es un activo en el balance del país".
Sin embargo, también la crisis económica actual está afectando a nuestro sistema, dado que, según el magistrado Javier Yáñez, se perjudica la fase de liquidaciones al no poder vender el patrimonio.