El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que muestra su apoyo a la creación de un instrumento de derecho europeo sobre contratos de consumo que pueda ser utilizado voluntariamente por las empresas contratantes como alternativa a la aplicación de las legislaciones nacionales si lo consideran conveniente.
También solicita a la Comisión Europea (CE) un recurso europeo autónomo para la congelación del patrimonio en el caso de ejecución de las resoluciones judiciales.
Este instrumento de Derecho contractual europeo (que podría ser una resolución, un reglamento o una directiva) plantea una panoplia de opciones que va desde un instrumento no vinculante, para mejorar la coherencia y calidad de la legislación de la UE, hasta un instrumento vinculante que fijara una alternativa al actual cúmulo de regímenes jurídicos contractuales nacionales, con un conjunto único de normas jurídicas contractuales.
El uso generalizado de este instrumento contribuiría a largo plazo, a la convergencia voluntaria de las legislaciones contractuales nacionales. Sin embargo, la CE interpreta que las divergencias en el derecho contractual no las reduciría de forma significativa un texto que careciera de autoridad o estatus formal para tribunales y legisladores.
Disposiciones que afectan a todos los contratos
Este instrumento podría aplicarse en todo tipo de transacción, fuera ésta empresa a empresa o de empresa a consumidor. Hay ciertas disposiciones de Derecho contractual general que atañen a todos los contratos sin distinción, pero el instrumento podría incluir igualmente disposiciones específicas, cuya aplicación sólo sería precisa en algunos tipos de contratos.
La CE prevé que estas disposiciones serán pertinentes en las transacciones entre consumidor y empresa, puesto que los problemas de divergencia legislativa surgen en contratos trasfronterizos, en que concurren instrumentos nacionales e internacionales.
Paralelamente, la Conferencia de la Haya, organización internacional con sede en la ciudad de La Haya (Holanda) que tiene por objeto buscar la homologación de las normas de derecho internacional privado a nivel mundial, también trabaja para determinar la forma para un proyecto de instrumento de derecho, que debería convertirse en un conjunto de principios, una guía legislativa, una ley modelo, u otro tipo de instrumento, un marco jurídico global en la elección de la ley en los contratos internacionales.
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