La atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal "rebajará la enorme burocratización de la fase instructora donde se consumen la mayor parte de las energías de jueces y magistrados".
Así lo señaló ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, durante la inauguración la jornada Reorganizar para ser más eficientes, celebrada en la sede del Ministerio de Justicia, para analizar las propuestas del Informe elaborado por una comisión de expertos para la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
El fiscal, se mostró partidario de que se atribuya la investigación penal al su Departamento, ya que considera que se aligeraría la carga burocrática "a través de una distinción clara de las tareas de investigación, por un lado, y la función jurisdiccional, de otro", al tiempo que "se liberaría un número nada despreciable de recursos humanos y materiales".
En relación a la creación de Tribunales Colegiados de Instancia, que sustituyan a los actuales juzgados, otra de las iniciativas del Informe que protagonizó la sesión, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presente en la inauguración, señaló que "se trata de una medida coherente con el nuevo modelo de la Oficina Judicial".
A este respecto, señaló las ventajas de establecer un órgano judicial colegiado, como el ahorro de trámites y costes, la racionalización de recursos y el fomento de la creación de criterios únicos evitando la disparidad ante asuntos similares".
Otras propuestas
Asimismo, se abordaron otras propuestas derivadas del Informe.
La catedrática Silvia Barona, miembro de la comisión, señaló la necesidad de superar el partido judicial como base del modelo actual de justicia, basado en una idea de necesidad de proximidad de los ciudadanos a los órganos judiciales, ya que "la evolución de las infraestructuras y el desarrollo de las nuevas tecnologías hace que deba valorarse otras estructuras que permitan reorganizar medios materiales y humanos".
Finalmente, repasó en estas jornadas otras medidas accesorias derivadas del estudio, como la necesidad de fomentar resoluciones extrajudiciales de litigios mediante la mediación y el arbitraje, impulsar los procedimientos abreviados para reducir los retrasos, la concentración de los recursos, actualizar el proceso de selección de jueces y fiscales, o la creación de una red nacional de colaboración con agentes públicos.
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