El Gobierno ultima estos días el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo texto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de que concluya este año, y en la que se regulará, en el artículo 367, la Oficina de Recuperación de Activos , según anunció ayer el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, durante su intervención en la Apertura del Año Judicial.
Este nuevo organismo servirá para localizar y administrar los bienes obtenidos en conductas corruptas y organizaciones criminales.
El Fiscal General afirmó que "la lucha de la Fiscalía contra la corrupción no se vincula a una u otra formación política o corriente ideológica sino que se enfoca contra las personas que, independientemente de las siglas bajo las que actúan, sólo militan en su propio afán depredatorio y en el desprecio de la legitimidad democrática".
La memoria de la Fiscalía recoge que en el año 2009 los órganos judiciales incoaron en todo el territorio español 4,7 millones de procedimientos por delito.
Conde-Pumpido subrayó que "estas cifras constituyen un discretísimo incremento, de un 1,5 por ciento, respecto del año 2008, un dato esperanzador por ser el más bajo de los cuatro últimos ejercicios".
Legitimidad judicial
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, defendió la legitimidad del Tribunal Supremo y del Poder Judicial frente a actos que "trascienden el ejercicio del derecho a la crítica". También señaló que "de acuerdo con la Constitución, ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el poder judicial".
En otro orden de cosas, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha afirmado en un comunicado que "el curso pasado concluyó con un suspenso generalizado de las políticas seguidas por el Ministerio de Justicia, que ha sido incapaz de llegar a soluciones en asuntos capitales".
Y las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales denuncian un elevado déficit de jueces y fiscales en España, situada en los últimos lugares de los países de la Unión Europea.
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