La crisis económica ha dejado al borde de la quiebra a una buena parte de los sistemas de persiones de los Estados de la Unión Europea (UE) por lo que Bruselas se plantea obligar a los Gobiernos a introducir reformas y a reglamentar unos mínimos para combatir el envejecimiento.
Los sistemas de pensiones europeos están sometidos a la presión del envejecimiento demográfico como consecuencia del aumento de la longevidad y el descenso de las tasas de natalidad. A partir de 2012, la población europea en edad de trabajar comenzará a menguar, de manera que el reto lo tenemos a la vuelta de la esquina.
László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión ha anunciado que "el número de jubilados en Europa en comparación con aquellos que financian sus pensiones se duplicará para el año 2060 - la situación actual simplemente no es sostenible. Al abordar este reto, el equilibrio entre el tiempo consagrado al trabajo y la jubilación debe ser considerado detenidamente."
La crisis económica ha agravado seriamente el problema del envejecimiento en los sistemas y ha puesto de manifiesto muchas carencias diferentes según los países. A ello contribuye el aumento del desempleo, la reducción del crecimiento, el incremento de los niveles de deuda nacionales y la volatilidad de los mercados financieros. Por ello, la mayoría de países han decidido en diferentes años e intensidades la reforma de sus sistemas de pensiones, que la crisis hace más difíciles de alcanzar y más urgentes de poner en marcha.
Las propuestas de Bruselas
Con el objetivo de conseguir unas pensiones "adecuadas, sostenibles y seguras", la CE abrió en el mes de julio un debate público para estudiar este régimen de prestaciones y analizar cuál es el método más eficaz para que la CE apoye y potencie los esfuerzos nacionales, basado en el Libro Verde de las pensiones.
Se trata de un informe en el que se abordan asuntos tan variados como la prolongación de la vida laboral, el mercado interior de las pensiones, la movilidad de los trabajadores por la UE, las lagunas en la normativa comunitaria, el futuro régimen de solvencia para los fondos de pensiones, el riesgo de insolvencia del empleador, la toma de decisiones con conocimiento de causa y la gobernanza en la UE.
La CE reconoce que el hecho de que la gente viva más tiempo es un logro enorme, pero al vivir más tiempo tendrá que trabajar más años que en la actualidad o deberán empezar a cotizar al sistema de pensiones en una fase más temprana de su vida laboral. De no ser así, es probable que la adecuación de las pensiones se deteriore o que el gasto en pensiones aumente de manera insostenible.
Como ya se hiciese en el pasado (a través del Método Abierto de Coordinación), la CE anima a los Estados miembros a que logren un equilibrio sostenible entre el tiempo de trabajo y el de jubilación, lo cual lleva a plantearse que se trabaje más y durante más tiempo.
Endeudamiento en exceso
Según las estadísticas de la CE, que han servido de base para elaborar el Libro Verde, los países muy endeudados deben mantener amplios superávits durante un período prolongado de tiempo a fin de reducir su de deuda de pensiones, lo que no resulta nada fácil, puesto que ésta no es la única presión presupuestaria que les exige cierta urgencia.
El exceso de endeudamiento del sistema se considera un factor de riesgo, tal y como ocurre hoy en día con Bélgica, Grecia, Italia y Hungría. Sin embargo, el caso contrario se da en países con escasa deuda por pensiones como Bulgaria, Estonia, Luxemburgo y Rumanía.
Los regímenes de pensiones en los países comunitarios son muy diversos, tanto por las diferentes culturas nacionales sobre la manera de garantizar unos ingresos de jubilación como por las diferentes fases del proceso de reforma que han sufrido los diferentes sistemas. Varios países ya han ampliado o están en pleno proceso de ampliación del periodo de cotización relacionado con los años trabajados, tal y como sucede en Austria, Bélgica, España, Francia, Hungría, Portugal, Finlandia, Italia y la República Checa.
La duración normal de la vida activa se está prolongando y los informes de la CE muestran que los Estados comienzan a retrasar la edad de jubilación en los regímenes obligatorios. Las posibilidades de abandono temprano de la vida activa y los incentivos a la jubilación anticipada se suprimen. Son señales claras de que se gestiona un retraso de la jubilación. .
Mayoría de sistemas públicos
La gran mayoría de los Estados cuentan con sistemas de pensiones públicas, aunque algunos Estados han introducido otros de gestión privada y carácter complementario, obligatorios o voluntarios. Además, se proporcionan mayoritariamente pensiones con beneficios definidos, es decir, relacionados con las cotizaciones y años de servicio, sin un vínculo directo con las cantidades realmente pagadas. Pero la tendencia cambia y en países como Suecia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Eslovaquia, han cambiado parte del sistema público por sistemas privados de pensiones, que si bien están regulados por leyes específicas, los seguros se pactan entre cada titular y su fondo de pensiones.
También se busca que el sistema público ofrezca una pensión mínima garantizada para aquellos que no pueden acogerse a los regímenes de pensiones generales. En Dinamarca, Holanda e Irlanda, el sistema público de pensiones prevé, en primer lugar un tipo fijo de pensiones, complementable con pensiones vinculadas a los ingresos.
Otro dato importante, a tener en cuenta al hablar de los sistemas de pensiones de los Veintisiete es que en algunos países se ofrecen en los sistemas públicos, además de las pensiones de vejez, otras de jubilación anticipada, incapacidad o de supervivencia. Sin embargo, los hay que tienen planes específicos de ámbito privado, en particular y no tienen en cuenta las prestaciones de invalidez como pensiones e sus planes públicos.
La situación ha forzado a que los Gobiernos dejen de usar los años de mayores ingresos hacia el final de la carrera para calcular la pensión, tal y como se venía haciendo hasta ahora y se extienda el cálculo de los ingresos sobre un período mucho más largo, o incluso se revisa toda la carrera.
En España este es uno de los debates fundamentales sobre el futuro de las pensiones, de la misma manera que en Alemania, Polonia y Suecia. El Gobierno español defiende la prolongación del periodo de cálculo desde 15 a 20 años.
Así, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha comprometido a presentar ante el Parlamento su reforma de pensiones antes de que acabe el año, aunque condiciona la fecha a que se modifique el sistema de Seguridad Social por los grupos políticos en el Pacto de Toledo, lo que seguramente retrasará estos cambios.
Futuro marco regulador
El marco regulador comunitario prevé abarcar la coordinación transfronteriza de las pensiones de la Seguridad Social para facilitar la libre circulación de los trabajadores, el establecimiento de un mercado interior para los planes de empleo capitalizados, las garantías mínimas relacionadas con las pensiones de empleo y los derechos consolidados en caso de insolvencia de las empresas promotoras y la aplicación de las normas contra la discriminación tanto a los planes de pensiones reglamentarios como a los privados.
Se propone también garantizar unos ingresos adecuados durante la jubilación y asegurar que los sistemas de pensiones sean sostenibles a largo plazo; lograr el equilibrio adecuado entre el trabajo y la jubilación; facilitar una vida activa más larga; la eliminación de obstáculos para las personas que trabajan en diferentes países de la UE y al mercado interior de productos de jubilación; hacer más seguras las pensiones frente a la crisis económica a corto y largo plazo; y la toma de decisiones para que las personas puedan tomar un seguro de pensiones con una mayor transparencia acerca de sus ingresos de jubilación laboral.
El Libro Verde de la CE aclara que la solución al desempleo juvenil no pasa por seguir prejubilando a más trabajadores, porque así, se aumentaría aún más la carga sobre la financiación de las prestaciones que tendría que soportar la población joven y activa
Nuevas fórmulas de cálculo
Según el Libro Verde de la CE, se considera un problema estructural y no coyuntural el deterioro de financiación del sistema en once Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Chipre, Letonia, Holanda, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Reino Unido), de los cuales tres (Dinamarca, Letonia y Reino Unido) los tienen muy marcados, aunque en Dinamarca, el deterioro viene de una posición de partida saludable.
La tasa de empleo de los trabajadores de edad avanzada aumentó en la última década y once países ya cumplen el objetivo de Lisboa de alcanzar una tasa del 50 por ciento de empleo para el grupo en 2010. A la vista del aumento de la esperanza de vida, habrá que alcanzar tasas de empleo más altas a medio plazo.
Los planes públicos se han dotado en los últimos años de fondos de reserva, aunque unos tienen previsiones a largo y medio plazo y otros tan sólo a corto. Además, existe una coincidencia al determinar que los sistemas de capitalización de gestión privada no están totalmente maduros en la mayoría de Estados en que existen. Muchos de los países de la UE han empezado a considerar necesario fijar su cobertura y niveles de cotización.
Capitalización de la pensión
Varios Estados miembros, incluido España, han adoptado medidas para garantizar las pensiones por capitalización, abordando aspectos como la cobertura y las cotizaciones, los niveles de cargas, el desarrollo de marcos reglamentarios para las anualidades (riesgo de longevidad) y las inversiones (riesgo financiero). En los regímenes voluntarios, todo indica que la cobertura y los niveles de cotización varían en función de la situación socioeconómica.
Un avance muy significativo es la inclusión del factor demográfico como motor de ajuste, tal y como sucede en Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. En ellos, se ha incluido el índice de la esperanza de vida como factor que induce a retrasar de forma voluntaria la edad de jubilación y alargar los años cotizados en los sistemas obligatorios mediante la introducción de alicientes al empleado.
Las tasas entre las cotizaciones y los años trabajados son significativamente más beneficiosas para los trabajadores asalariados de bajos ingresos que para la media de los pensionistas en República Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Suecia y Reino Unido. En otros casos, los ingresos de jubilación para aquellos que cuentan con ingresos más bajos que la media impiden acceder a los beneficios de las exenciones fiscales de ingresos, como en el caso de los subsidios o los créditos.
Un caso especial es el del Gobierno griego, obligado a aprobar recientemente una reforma del sistema de pensiones, ya que era una de las condiciones impuestas por la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar financieramente al país. En ella, se reduce algunos beneficios, limita las jubilaciones anticipadas, aumenta el número de años de aportes a 40 desde los 35 y 37 y eleva la edad de retiro de las mujeres a 65 desde 60.
Riesgo a largo plazo
Los Gobiernos nacionales de la UE establecen unos objetivos generalizados: tasa de empleo de los trabajadores de edad avanzada (incluso por encima del objetivo de la UE), edad de jubilación real, índices de cotización, tasas de sustitución teóricas e índice de pobreza de las personas mayores. Esto indica que la modernización de los sistemas de pensiones se rige por estrategias a largo plazo en consonancia con los objetivos acordados.
Los Gobiernos que han ido más lejos en hacer frente al envejecimiento han logrado ya que baje el riesgo a largo plazo y han conseguido alcanzar una sólida situación presupuestaria. Este es el caso de Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia o Suecia.
Entre los países que tienen planificados sus riesgos a medio y largo plazo, Bélgica, Alemania y Austria son los que presentan costes más significativos por edad y donde las medidas podrían llegar a ser más necesarias para frenarlos, pero actualmente gozan de situaciones presupuestarias fuertes. Para ellos, las reformas frente a los costes crecientes del envejecimiento suponen una prioridad, que gracias a su solvencia, pueden llevarse a cabo sin esperar al final de la crisis, siempre vigilando que las reformas no afecten negativamente a la recuperación.
Luxemburgo presenta el mayor aumento sobre los gastos vinculados al envejecimiento de todos los países de la UE, pero se le incluye en la categoría de riesgo medio en el largo plazo por su bajo nivel de deuda, la alta tasa de trabajadores activos que se incorporan y unos costes reales de envejecimiento reducidos al inicio del período.
La reforma de pensiones en el limbo
