La Agencia Tributaria (AEAT) debatirá con las empresas que se sumen al Código de Buenas Prácticas Fiscales, elaborado por el Foro de Grandes Empresas, las interpretaciones que aplica en sus procedimientos tributarios cuando existen discrepancias sobre el sentido o los límites legales.
Así, empresas y AEAT tratarán de llegar a un acuerdo anterior a la declaración de los impuestos para evitar que las discrepancias surjan, después, en las inspecciones y acaben en los tribunales. La filosofía del Código es que "más vale un mal acuerdo que un buen litigio".
Además, la AEAT se compromete a publicar los criterios de interpretación aplicados en sus procedimientos de control tributario, para conocimiento de todas las empresas, tanto las adheridas al Código de Buenas Prácticas Fiscales como las que no lo estén, porque serán vinculantes para la Administración.
País pionero
España es el primer país que ha aprobado esta iniciativa, enmarcada en las recomendaciones de la OCDE para fomentar la cooperación y la coordinación entre empresas y Administración tributaria.
La idea que ha movido este acuerdo, al que se han sumado 27 de las empresas de mayor tamaño (como Banco de Santander, Telefónica, BBVA, Repsol, Caja Madrid, Gas Natural Fenosa, o El Corte Inglés) supondrá una rebaja en la ligitiosidad judicial, un menor número de sanciones para las empresas y no tener que esperar hasta 15 años para que Hacienda pueda cobrar las cantidades retenidas en los tribunales, tras la sentencia dictada en el Tribunal Supremo, cuando ya no caben más recursos judiciales.
Un dato fundamental es que la deuda suspendida de las grandes empresas por recursos ante los tribunales sumaba 6.000 millones de euros en 2008 según los últimos datos publicados por la AEAT.
Con esta nueva forma de proceder, la Agencia Tributaria pretende que las empresas actúen con mayor transparencia a cambio de ofrecerlas mayor seguridad jurídica y una reducción de las cargas formales del 30 por ciento.
En el Código, la AEAT se compromete a tener en cuenta las actuaciones administrativas realizadas por las empresas y a velar por el respeto a la unidad de criterio en la propia Administración Tributaria, para evitar la actual indefensión empresarial ante las diferentes interpretaciones que de las normas hacen sus Departamentos.
Nueva doctrina vinculante
El fundamento de este Código es que la Agencia Tributaria "se compromete a aportar una mayor seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de las normas tributarias, publicitando los criterios de aplicación general y posibilitando las consultas previas y el establecimiento de criterios sobre el tratamiento tributario de determinadas operaciones especialmente complejas, lo que supondrá la reorganización de determinadas áreas de la Agencia Tributaria".
A cambio, las empresas se comprometen a informar a sus consejos de administración de las políticas fiscales de la compañía antes de la formulación de cuentas anuales y de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
También, las empresas que adopten este código de buenas prácticas se obligan a evitar la interposición de sociedades instrumentales a través de paraísos fiscales o territorios no cooperantes con las autoridades fiscales, para impedir el control de la Agencia Tributaria, lo que se ha venido llamando ingeniería fiscal.
Y, también, deberán colaborar con la AEAT para detectar prácticas fiscales de carácter fraudulento que puedan desarrollarse en los mercados, búsquedas de soluciones y prevenir su extensión.
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