
El éxito de la legislación concursal alemana frente a la española se debe en buena medida a la limitación del plazo que tiene el administrador para solicitar el concurso, que es de tres semanas desde que conoce la insolvencia; al seguro de carácter público obligatorio de insolvencia que pagan todos los empresarios y al Kurzarbeit (Reducción de Tiempo de Trabajo), según señala el abogado alemán Michael Pluta, fundador de la firma de abogados internacional, especializada en insolvencias empresariales Pluta Abogados GmbH.
Además, en el 95% de los casos en que el administrador y el gerente son la misma persona, la administración concursal se hace cargo de la reestructuración y la empresa se vende a un tercero, una vez saneada, "porque en la mayoría de las empresas que acaban en liquidación, ésta se debe a una mala gestión", apunta Martin Prager, director de la firma en Munich.
El seguro público obligatorio
En Alemania, el procedimiento preconcursal tiene tanto éxito gracias a que el seguro público, que es obligatorio para los empresarios, asegura el salario de los trabajadores durante los últimos tres meses previos a la apertura del concurso.
Así, los administradores concursales no tienen que cubrir los gastos salariales que, en España, tienen un peso importantísimo en la liquidación de la empresa, y que obligan a liquidar la sociedades.
Se trata de un seguro público obligatorio que supone el 0,5% de los gastos salariales que van destinados a un fondo de la autoridad laboral y que se devuelve una vez cubiertos todos los gastos.
El salario que recibe el trabajador de este fondo está limitado a un máximo de 5.250 euros, ya que tan sólo trata de cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.
Prager recomienda encarecidamente la aplicación de este tipo de seguro, "porque sin él es imposible llevar a cabo los procedimientos concursales provisionales, ya que para sanear una empresa es necesario reducir gastos de personal".
Otro punto a tener en cuenta es el Kurzarbeit (Reducción de Tiempo de Trabajo) comparable a los expedientes de regulación de empleo (ERE) españoles. Consiste en solicitar una reducción del tiempo de trabajo, de forma temporal, cuando las circunstancias económicas de la empresa podrían derivar en pérdida de empleo o salario, por lo que no se extingue la relación laboral. Así, por las horas no trabajadas, el empleado percibe el 60% de su salario neto.
El empresario paga las horas trabajadas, mientras que el salario de las no trabajadas lo aporta la Agencia Federal de Empleo, que, además, corre con el gasto de la mitad de las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque si el Kurzarbeit dura más de 7 meses cubre el total.
Menos salario por seguridad
Así, por ejemplo, si un trabajador percibe 100.000 euros y trabaja el 55% del tiempo, la empresa le pagará 55.000 euros y percibirá el 60% de las horas que no trabaja, de la Oficina de Empleo. Así, el empleado cobra un poco menos, pero el contrato de trabajo continúa vigente y no pierde cotizaciones a la Seguridad Social.
El Kurzarbeit, con una duración máxima de 24 meses, dice Pluta, es siempre mejor que el despido, evita las suspensiones de pago, permite mantener a los trabajadores con experiencia y adaptarse con rapidez a los cambios productivos.
Pluta remarca la poca libertad de los administradores concursales en España frente a los alemanes y asegura que "es como si el médico de urgencias tuviese que pedir permiso a la dirección del Hospital cada vez que tiene que hacer una transfusión de sangre, la mayoría de los pacientes no sobrevivirían".