La Comisión Europea anunció ayer que denunciará a España y otros siete Estados de la UE ante el Tribunal de Justicia comunitario por no aplicar la Directiva sobre los derechos de los accionistas.
Esta normativa establece una serie de normas mínimas para intentar garantizar que los accionistas de las empresas cotizadas tengan, antes de que se celebren las asambleas generales, el acceso debido a la información pertinente; y dispongan de medios sencillos para ejercer su voto a distancia.
La Directiva impulsa la publicación de documentos en Internet, y la posibilidad de votar por procuración y por voto electrónico. Suprime el bloqueo de acciones y fija normas mínimas sobre el derecho a formular preguntas, añadir puntos al orden del día de la asamblea general y presentar resoluciones. La fecha límite para integrar esta directiva en el derecho nacional era el 3 de agosto de 2009.
Ferrocarril
La Comisión Europea también anunció ayer que denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE a España y otros 12 países del club por no aplicar correctamente el denominado primer paquete ferroviario: concretamente la directiva de 1991, enmendada en 2001, que pretende abrir a la competencia el transporte por tren.
Bruselas asegura que en España el gestor de las infraestructuras no determina el precio por usarlas; falta un esquema que empuje a los operadores y al gestor de las infraestructuras a minimizar los trastornos y mejorar la calidad de la red; el poder del regulador es insuficiente para garantizar la competencia, y le falta independencia ante el operador dominante o el gestor de la infraestructura; y las reglas de reparto de la capacidad para trenes internacionales es insuficiente.
