El PSOE confía en corregir en el Senado una contradicción que rompe el acuerdo tácito con PP y CiU
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados incorporó la pasada semana dos enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas que contemplan, a propuesta del PP, endurecer el criterio de incompatibilidad entre abogados y auditores, hasta el punto de que éstos no puedan prestar ningún servicio de abogacía para la entidad auditada y, simultáneamente a petición del PNV, eliminar por completo esta prevención.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara Baja se han encontrado en la nueva redacción del texto, aprobado el pasado martes y que ahora tiene que ser remitido al Senado, el problema de dos modificaciones totalmente contradictorias sobre las causas de incompatibilidad que impiden ejercer de auditor de una empresa.
El texto original aprobado por el Consejo de Ministros en el pasado mes de noviembre, señalaba entre estos criterios que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría presten servicios de abogacía referidos a la resolución de un litigio o conflicto sobre cuestiones que puedan tener una "incidencia significativa" en los estados financieros u otros documentos contables correspondientes al período ejercicio auditado.
Esta redacción suscitó las críticas de los abogados, quienes reclamaron un endurecimientos para que la incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y el de la auditoría sea absoluta, tal y como plantea el Estatuto General de la Abogacía y reconoció el Tribunal Supremo en una sentencia de 2003. Esta es la tesis con la que se alinea el PP, que logró introducir su enmienda con el voto en contra del PSOE en una difícil votación que se tuvo que repetir en dos ocasiones.
Por contra el PNV, considera que "no tiene sentido" establecer salvedades en este caso, ya que "difícilmente" se puede precisar la incidencia que pueda tener un servicio de abogacía en los estados financieros o documentos contables auditados y advierte de que mantenerlo implicaría que estos tipos de autorrevisión comprometen la independencia, con lo que "no tendría sentido establecer ninguna excepción". En consecuencia, opta por eliminarlas por completo.
El hecho es que la Comisión de Economía y Hacienda aprobó medio centenar de enmiendas en el proyecto de Ley, en su mayoría con el voto en contra del PSOE, que introduce otras importantes modificaciones, sobre todo en lo relativo a aclarar los criterios de independencia e incompatibilidades y eliminando el incremento de las sanciones incluida en la norma original.
UN DEBATE MARCADO POR LA ENMIENDA 'ANTIBLINDAJES'
El debate estuvo marcado por el debate de la enmienda del PSOE sobre la prohibición de las limitaciones de los derechos de voto a los accionistas de las sociedades cotizadas, los conocidos como 'blindajes', que fue aprobada finalmente gracias al apoyo de CiU. Hasta el punto de que el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, centró su intervención en criticar dicha propuesta y apenas se refirió a las 20 enmiendas de su formación, que fueron aprobadas en su totalidad con el voto en contra del PSOE.
El PSOE ya advirtió que las modificaciones introducidas por la oposición eran contradictorias entre sí y tiene confianza en corregirlas en el trámite en el Senado. "No hay nada peligroso o malo en ellas, pero nos darán mucho trabajo", afirman. En cualquier caso, la introducción de estas enmiendas rompe el acuerdo tácito entre PSOE, PP y CiU para revisar estos aspectos en el Senado y dejar algo más de tiempo a los sectores implicados para buscar una solución de consenso.
MAS CAMBIOS EN CRITERIOS DE INCOMPATIBILIDAD
Otro de los principales cambios, introducida por el PNV también con el rechazo socialista, elimina la "presunción general" que contenía el proyecto sobre los criterios que rigen los supuestos de incompatibilidad de actividad del auditor o la sociedad de auditoría. Asó, el Congreso aprobó que la participación del auditor en la empresa auditada ha de ser "cualificada o tener un cierto grado de relevancia" y ha de tener parte activa en la toma de decisiones de la empresa para que se cuestione su independencia.
Siguiendo la normativa comunitaria, los criterios se sustentarán en un sistema basado en principios y no en reglas, cuando en el texto inicial del Gobierno ambos enfoques estaban "mezclados", lo que resultaba enormemente confuso y complejo de aplicar, según los nacionalistas vascos. También se incluyen modificaciones destacadas en la rotación de los socios de la auditora.
