El juez que instruye el caso del colapso del aeropuerto de Barcelona-El Prat en 2006, Gerard Thomas Andreu, estudiará el lunes si la sala es competente o si traslada la causa a instancias superiores, después que la defensa de los 27 imputados alegara hoy que la ley aplicada, la Ley penal y procesal de la navegación aérea, es anticonstitucional y "fascista".
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El proceso que se celebra desde hoy en la Audiencia de Barcelona --que juzga los hechos acontecidos el 28 de julio de 2006 cuando trabajadores de IBERIA (IBLA.MC)ocuparon las pistas de despegue del aeropuerto de El Prat--, empezó dos horas tarde por el retraso de uno de los acusados
La Fiscalía solicita para los 27 implicados penas de entre cuatro años --para Omar M.G y José Luis G.P., ambos representantes sindicales-- y tres años de cárcel por delitos contra el tráfico aéreo y de desórdenes públicos, enmarcados dentro de la ley citada.
La defensa de los acusados, formada por siete letrados representados por el abogado Pau Núñez, planteó la posible inconstitucionalidad de la ley argumentando que a los trabajadores del aeropuerto se les ofrece "un espacio de jurisprudencia" distinto del ordinario como sucedía en "época de Franco". Además, apuntaron que se atenta contra el derecho fundamental de manifestación, recogido en la Constitución.
La Fiscalía subrayó que esta ley es la que "mejor se adapta" a los hechos de 2006 y el abogado del Estado matizó que no se juzga la "intención" de manifestarse si no los "hechos concretos". Hechos que, coincidiendo con la Fiscalía y el abogado de la acusación de AENA, se adaptan a la citada ley.
Un representante de la defensa propuso al magistrado que "sin necesidad de hacer una petición de inconstitucionalidad" usara el poder de su sala para declarar la nulidad parcial del proceso ya qué, según el letrado, "nunca" debieron llegar hasta esa sala.
El juez, tras notificarle al abogado que las diligencias previas al juicio no forman parte del mismo y que, por lo tanto, la presencia de los acusados en la Audiencia no era inane prosiguió explicando que si la defensa persistía en la cuestión de inconstitucionalidad estaría planteando la incompetencia de su magistratura sobre el caso.
Tras la reafirmación de la defensa, la Fiscalía junto con el abogado del Estado y la acusación particular de la empresa AENA, expresaron su descontento con la defensa por su petición y pidieron que se aplicara la ley vigente.
El juez deliberará este fin de semana sobre esta cuestión y notificará a los acusados su decisión el próximo lunes.
OTRAS ALEGACIONES.
Otro letrado de la defensa presentó la refutación de las pruebas videográficas obtenidas "de forma ilícita". La ley obliga a que las imágenes estén en poder de la Guardia Civil en un plazo inferior a 48 horas, bajo la supervisión de la instructora y sin vulnerar el derecho a la intimidad.
Por otra parte, la acusación solicita una indemnización de más de 7 millones y medio de euros a los acusados y a Iberia como responsable subsidiaria. La defensa representante de la compañía aérea no se manifestó respecto a la constitucionalidad de la ley.