La Comisión Europea anunció ayer su decisión de denunciar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE, por permitir que el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA) adjudique contratos de manera dudosa y poco transparente. No es la primera ocasión que Bruselas actúa contra la aplicación de las directivas comunitarias sobre licitaciones públicas en España, en general, y en la Comunidad Valenciana, en particular.
El IVVSA es una sociedad anónima controlada al cien por cien por el Gobierno autonómico, y dedicada -entre otras funciones- a estudios urbanísticos, obras de infraestructuras, y rehabilitación y promoción de vivienda social. Para realizar sus actividades, crea sociedades mixtas con empresas privadas. Y Bruselas considera que, vía la creación de estas sociedades mixtas, el IVVSA evita publicar licitaciones y adjudica contratos públicos a dedo.
La Comisión Europea también exigió ayer a España que acate la sentencia dictada el 3 de abril de 2008 por el Tribunal de Justicia de la UE. Sentencia que afirma que el Estado no aplica la directiva que, para evitar la adjudicación a dedo de contratos públicos, facilita la presentación de recursos contra las decisiones de atribución.
Sanciones multimillonarias
España asegura que aplica esta norma comunitaria desde el 1 de mayo de 2008. Pero Bruselas replica que sigue sin garantizar que las empresas que hayan perdido la licitación puedan recurrir antes de que sea demasiado tarde. El Ejecutivo comunitario recuerda que si en este caso se llegara al extremo de una segunda sentencia contra España, los jueces impondrían multas multimillonarias.
Volviendo a la Comunidad Valenciana, Bruselas reclamó ayer a España que acate la sentencia del año 2007 en la que el Tribunal de Justicia de la UE exige que tome medidas para tratar de manera conveniente las aguas residuales que Sueca, Benifaió, Sollana, Almussafes y otras localidades costeras de la zona vierten en el litoral del parque natural de la Albufera, cerca de la playa de Motilla.
En este caso, como en el anterior, si el expediente llega de nuevo ante los jueces comunitarios y éstos vuelven a constatar que España incumple el Derecho de la UE -esta vez sería la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas-, su segunda sentencia impondría multas millonarias por desacatar la primera.