El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Esta nueva norma, que armoniza el ordenamiento jurídico español con la normativa europea, actualiza el contenido del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre.
El texto aprobado fija que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.
Del mismo modo, excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.
Según ha explicado el Ministerio, el nuevo Real Decreto se articula a partir de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor y de la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo. Asimismo, el Ejecutivo aprobó un acuerdo por el que el toma conocimiento de la memoria anual de actividades desarrolladas por el miembro nacional de Eurojust, José de la Mata, y se encarga de remitirla a las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tras la remisión de copia de la memoria, el miembro nacional podrá ser llamado a informar sobre las actividades desarrolladas a la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, así como a las Comisiones de Justicia y de Interior de ambas cámaras.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Justicia sendos Reales Decretos: uno de ellos da luz verde al Reglamento del Ministerio Fiscal y el otro permite la creación de 60 nuevas plazas para ampliar la plantilla orgánica de la Fiscalía y adecuarla a "las necesidades existentes".
Según ha explicado el Departamento dirigido por Pilar Llop, el Real Decreto para la aprobación del Reglamento de Ministerio Fiscal pretende dictar una nueva norma que derogue y supere la existente, que data de 1969, para que sea congruente con el orden constitucional. El Reglamento recoge las categorías, adquisición y pérdida de la condición de fiscal; la provisión de destinos, distinguiendo las plazas de designación directa del Fiscal General del Estado; o la provisión de plazas de nombramiento discrecional.
