La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha propuesto a la Agencia Tributaria un Plan para que afloren más de 3.000 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, mediante el refuerzo de las plantillas, así como los recursos y la extensión de funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Esta iniciativa ha sido presentada a la Agencia Tributaria y a los diferentes grupos parlamentarios para que se tenga en cuenta en el plan de reconstrucción que debe afrontar España tras el impacto del Covid-19, según a anunciado Pablo Burgos, portavoz del CSIF en la Agencia Tributaria.
Por otra parte, Miguel Borra, presidente del sindicato, ha descartado que vayan a convocar una huelga en el Servicio Público de Empleo (SEPE) por las condiciones de trabajo que están afrotando para pagar a los afectados por los Erte.
"No es momento de plantear huegas, aunque las pueda apoyar un escaso 12% de los funcionarios. Es momento de sacar adelante los pagios a los afectados de los Erte, pero eso no quiere decir que tenga que salirles gratis a los responsables de que los funcionarios no hayan contado con los medios materiales suficientes para teletrabajar y que se haya incumplido el refuerzo de 1.000 trabajadores que se había prometido, ya que el SEPE no cuenta más que con una plantilla total de 7.500 trabajadores", ha comentado Miguel Borra.
La media de los grandes de la UE
Con respecto a la propuesta sobre la Agencia Tributaria, Pablo Burgos, ha explicado que la plantilla actual de la Agencia es de unas 25.000 personas, 5.000 menos que la media de las cinco principales economías de la Unión Europea, "una cifra insuficiente para luchar de manera eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Si lo comparáramos con la media total de la los países de la UE, nos faltarían 14.000 efectivos. No obstante, entendemos que con un refuerzo de 5.000 personas en unplazo de 3 a 4 años, la lucha contra el fraude mejoraría de manera exponencial."
Según los índices de desempeño de la propia AEAT que recoge CSIF, cada empleado de la Agencia en el año 2018 ha obtenido 607.187 euros en la lucha contra el fraude. Por tanto, el refuerzo de personal es crucial para una mejora de los ingresos públicos.
Además, desde el año 2008 se han perdido unos 3.000 empleados y se ha incrementado la media de edad en ese mismo periodo en más de 5 años, hasta situarse en los 52,16 años.
La propia Agencia Estatal de la Administración tributaria recoge en su plan estratégico para los años 2020-2023 un informe de la OCDE (2017) que compara en número de contribuyentes sujetos pasivos del IVA en función de la plantilla de la AEAT, dando un resultado de 136,8 sujetos pasivos del IVA por cada empleado de la AEAT.
Si se compara este estudio a la media de la Unión Europea nos da 87,3 sujetos pasivos del IVA por cada empleado. En este informe también se hace referencia a que si analizáramos exclusivamente la media de los 5 mayores países de la UE esta bajaría a 113,3.
Economía sumergida
En España, no existe ningún estudio oficial que establezca el porcentaje de economía sumergida, aunque hay estimaciones que lo sitúan en torno al 24% del PIB. Esto supondría unos 70.000 millones para las arcas estatales, una merma que disminuye las opciones de mejorar servicios públicos, como el sanitario.
Por ello, pantean que la lucha contra la economía sumergida implique a todos los recursos de la Agencia Tributaria, que debe afrontar una reestructuración. Además de los dedicados a aplicar el sistema tributario (Inspectores, Técnicos y Agentes de Hacienda), hay que potenciar servicios como el de Vigilancia Aduanera (SVA), como embrión de una futura Policía Fiscal en el Plan de Lucha contra el Fraude.
El SVA cuenta con una amplia trayectoria en la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Su personal, con carácter de agentes de la autoridad y reconocidos como policía judicial, persigue delitos de contrabando, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
En este sentido, considera que podría resultar de extraordinaria utilidad su experiencia, por ejemplo, en la afloración de patrimonios ocultos de organizaciones criminales aplicando sus capacidades de investigación policial.
Reclaman que este Servicio cuente con un Reglamento actualizado y un nuevo encaje orgánico dentro de la AEAT, que le permita colaborar de forma ágil y eficiente en la investigación de operaciones complejas de fraude fiscal.
"En definitiva, en un contexto como el actual prevemos incrementos importantes en el gasto y una posible reducción de los ingresos públicos por la crisis del Covid-19. Por esta razón, es el momento de tomar medidas y que la AEAT sea garante de la justicia fiscal, la igualdad y la eficacia en la aplicación de un sistema tributario justo", ha concluido Pablo Burgos.
Con respecto a la asistencia presencial para la declaración de la Renta en las oficinas del IRPF, tan solo se van a abrir un 50% de las mesas que se habrían en años anteriores, aunque a estas alturas todavía se están montando los dispositivos, por lo que consideran que será dificil de calcular el total de contribuyentes que puedan recibir esta atención en todo el territorio nacional.