La Comunidad de Madrid ha creado el Observatorio de Justicia y Competitividad, que se encargará de asesorar, elaborar informes y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia madrileña, incidiendo en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de la región.
Este órgano colegiado, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, tendrá carácter consultivo e interdepartamental y se encargará, además, de elaborar propuestas para mejorar el arbitraje y la mediación como resolución alternativa de conflictos. También potenciará otros modelos de resolución extrajudicial, como son la conciliación previa o el arbitraje anexo.
"Con esta medida se pretende que los jueces de lo Mercantil no tengan que dedicar un 30% de su trabajo a resolver temas como el retraso de un avión o la cancelación de un vuelo"
El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, explica que "será un órgano que trabaje para elaborar informes y propuestas para mejorar la respuesta a las soluciones extrajudiciales, con el objetivo de mejorar nuestro sistema de Justicia y fortalecer nuestro sistema económico en un momento en que ambos objetivos se convierten en prioritarios".
"Estas iniciativas de resolución de conflictos extrajudiciales fortalecen el sistema económico y atrae inversiones, porque aportan seguridad jurídica"
Con esta medida se pretende que los jueces de lo Mercantil no tengan que dedicar un 30% de su trabajo a resolver conflictos como los del contrato de transporte aéreo por temas como el retraso de un avión o la cancelación de un vuelo. Estos asuntos deberían ser absorbidos por un sistema de arbitraje y mediación, lo que permitiría descargar a los tribunales de estos asuntos y centrarse en la previsible avalancha de concursos.
A este respecto, el consejero de Justicia explica que "estas iniciativas de resolución de conflictos extrajudiciales fortalecen el sistema económico y atrae inversiones, porque aportan seguridad jurídica. España es un país con un alto nivel de seguridad jurídica en comparación con otros países, pero tenemos que seguir apostando para incrementarla y atraer inversión".
"La constitución de este organismo ha llevado un proceloso camino legislativo hasta el decreto ahora aprobado, justo cuando el panorama creado por el Covid-19 ha venido a agravar la situación de la Justicia, por los temas que han quedado parados, más el incremento de los conflictos surgidos como consecuencia de ello", afirma López.
Los vocales representan a un amplio espectro del ámbito judicial y económico de la región
Los vocales representan a un amplio espectro del ámbito judicial y económico de la región y su nombramiento tendrá una vigencia de tres años. De los vocales, dos actuarán en representación de la Consejería de Justicia, otros dos de la de Economía, Empleo y Competitividad; y otros dos de Vicepresidencia, que tiene las competencias de Estadística.
Estos seis vocales deberán tener el rango de viceconsejero o director general. El resto de vocales actuarán en representación de la Abogacía General y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid; del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como juez o magistrado y como letrado y de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.
"Uno de los objetivos de esta medida es la propuesta de medidas legislativas"
También habrá representación de los colegios de abogados y procuradores, de las facultades de Derecho y de Economía y la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, el Club Español del Arbitraje, Colegio Notarial de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.
Explica el consejero de Justicia de la Comunidad que "uno de ls objetivos de esta medida es la propuesta de medidas legislativas, algunas competencia de la Comunidad Autónomas y otras del Estado Central, al cual le enviaremos los trabajos a fin de integrarlos en el ordenamiento jurídico español.
El Observatorio estará compuesto por un presidente, un vicepresidente, 19 vocales y un secretario. La presidencia recaerá en turnos rotatorios de un año de duración en los titulares de las consejerías de Justicia y Economía, aspecto que se repite en el caso de la vicepresidencia. La pertenencia a este órgano no conlleva recibir remuneración alguna.
El Observatorio se constituirá en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Se reunirá al menos dos veces al año de manera ordinaria o tantas veces como sea convocado por su presidencia en sesión extraordinaria si fuera necesario. El primer turno de la presidencia corresponderá al consejero de Justicia, Interior y Víctimas.
