El Consejo General de Economistas (CGE) pide promover la alerta temprana de insolvencias a través de un "test de solvencia". Este test debe señalar al deudor en qué punto se encuentra con respecto a una situación de insolvencia, a través una serie de elementos objetivos de cumplimiento -por ejemplo, cuotas de Aeat, Tesorería General de la Seguridad Social, pago puntual de salarios, días de pago a proveedores o días de cobro a clientes- y de su evolución en los últimos tres ejercicios. A estos elementos objetivos deberíamos añadirle unos subjetivos en forma de una previsión para los próximos dos años, ofrecida por el deudor y conocida por el experto.
Los Economistas proponen aplicación de diversas ratios para la prevención y alertas tempranas de la insolvencias como son, por ejemplo, la ratio de solvencia, ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de tesorería, ratio de apalancamiento financiero y ratio de calidad de la deuda. Además, apuestan por extender los procedimientos de reestructuración a pymes y startups, e incluir en los mismos también a las personas físicas, como los autónomos y los emprendedores.
El Consejo General de Economistas busca la mejora de los procedimientos de resolución de insolvencias ante el próximo proceso de transposición de la Directiva de Insolvencia que entró en vigor en junio de 2019. "Esta es una Directiva de mínimos que deja margen a los Estados miembros para decidir cómo transponer determinados aspectos", señala Valentín Pich, presidente del CGE.
"Cualquier plan de reestructuración debe estar, como mínimo, validado por un profesional experto en reestructuraciones"
Pich cree que "en el caso de España, es necesario tener en cuenta que nuestro tejido empresarial está compuesto, en más de un 99%, por pequeñas y medianas empresas, por lo que lo más lógico sería que el texto resultante de la transposición recogiese procedimientos específicos para pymes". Asimismo, sobre este aspecto, apunta que "recientemente, en febrero de 2020, la Ley de Quiebras estadounidense, en la que está inspirada la Directiva de Insolvencia, ha introducido una subsección dedicada precisamente a pymes en su Capítulo 11".
Los Economistas recomiendan aplicar y desarrollar la segunda oportunidad para personas físicas y empresarios en consonancia con lo expuesto en el artículo 2 de la Directiva de Insolvencia en el que se define al empresario de forma amplia como "toda persona física que ejerza una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional", sin establecer tantas limitaciones.
"Cualquier plan de reestructuración debe estar, como mínimo, validado por un profesional experto en reestructuraciones, nueva figura profesional que impulsa la Directiva de Insolvencia", señalan los expetos. "Debería valorarse la experiencia en este tipo de operaciones y fomentar la formación económica", añaden.
