El juez cree que la Púnica contó con la "participación activa" de OHL

Madrid, 4 sep (EFE).- El juez del caso Púnica cree que la trama liderada por Francisco Granados contó con la "participación activa" de la constructora OHL para desviar dinero de obras adjudicadas por la empresa pública Mintra cuando él era consejero de Transportes.

En un auto formando la pieza del caso referida a las actividades de Granados como consejero de Transportes primero y de Presidencia después, el magistrado Manuel García Castellón desgrana el dinero público desviado desde departamentos dependientes del exconsejero, quien recibió a cambio dinero en metálico y regalos como comuniones de 36.000 euros y fiestas de cumpleaños de 9.000.

Según el juez, cuando Granados fue nombrado consejero de Transportes en noviembre de 2003 pasó a presidir el consejo de Mintra, dependiente de la Comunidad de Madrid y encargada de adjudicar obras públicas.

Granados se propuso entonces desviar dinero de esas obras en connivencia con la empresa Obrum, que ya conocía de sus tiempos de alcalde de Valdemoro y ya le había pagado comisiones entonces.

Se concertó así con el entonces consejero delegado de Mintra, Jesús Trabada, y ambos procedieron "de forma sistemática" a adjudicar obras, a cambio de comisiones, a Obrum y otras empresas de tamaño mediano que les llegaban de mano de David Marjaliza, uno de los principales imputados y que confesó los hechos.

En concreto, se trataba de contratos públicos de construcción de infraestructuras ferroviarias, "que hasta ese momento venían siendo adjudicados a las grandes y pujantes constructoras españolas".

Pero en la adjudicación de una de estas obras, la de mayor envergadura, sí entró OHL mediante su filial Elsan, y lo hizo para ayudar al desvío de fondos a Obrum y gracias a la intermediación del exconsejero de la constructora Javier López Madrid, según detalla el juez.

Se trata de la concesión de la obra del metro ligero desde Colonia Jardín a Boadilla del Monte por un precio de 86,5 millones de euros, que se concedió en 2005 a una unión de empresas en la que figuraba Elsan.

Finalmente la obra tuvo un sobrecoste de 48 millones, un 56% más del presupuesto inicial, y a cambio de su adjudicación recibieron 3,6 millones de comisiones a repartir entre López Madrid, Granados y Marjaliza.

Según el juez, "el éxito del plan" de Granados para desviar los fondos de Mintra "contaría con la participación activa del Grupo OHL", que ayudó a derivar el dinero sustraído.

"Para la mercantil OHL -dice el magistrado- su cooperación en el plan se vería recompensada con las futuras adjudicaciones de contratos licitados por Mintra de obras de infraestructuras de metro, de las que fue objeto, y que con anterioridad a estos hechos no conseguía".

Este es uno de los contratos amañados adjudicados por Mintra y a él se suman el contrato en 2005 de un tramo de la línea 10 del Metro de Madrid por 12,1 millones, que acabo costando 14,4 millones más; y otro tramo del Metro Norte por 42,6 millones, que se amplió en 13,5 millones.

Y es que las adjudicaciones irregulares solían experimentar "un elevado sobrecoste de su precio de licitación por la existencia de nuevos contratos, la modificación arbitraria de los ya existentes, así como contratos complementarios".

"La mayor parte de ellos resultaron adjudicados de forma directa y arbitraria, sin concurso, a aquellas empresas y sin atenerse a los mecanismos reglados de adjudicación", indica el auto.

Pero además de por estas obras, los investigados también cobraron comisiones de grandes constructoras adjudicatarias habituales de obras ferroviarias, una cantidad "que en algunos casos era proporcional al importe del contrato adjudicado".

"El subterfugio utilizado para justificar el desvío de los fondos públicos sería el pago de celebraciones populares por el inicio e inauguración de cada obra", como eventos de colocación de la primera piedra o de inauguración de tramos del metro.

La encargada de estos eventos era una empresa de la Púnica, Waiter, que inflaba los contratos de manera que, a modo de ejemplo, facturó 26.800 euros por una chocolatada para 1.500 personas por la inauguración del metro a Coslada en 2007, "lo que fija el precio de una taza de chocolate con churros en 18 euros".

El juez detalla que FCC pagó 251.558 euros por uno de estos contratos que iban a parar a la Púnica, Acciona otros 33.292 euros, Dragados 20.936 euros, OHL 16.646 euros y Sacyr 16.646 euros.

A cambio de esos contratos, aparte de recibir comisiones, Granados también recibió regalos de Waiter como la organización en 2008 de la comunión de su hija por 68.000 euros o del cumpleaños del exconsejero por 9.166 euros.