Alfredo Prada, condenado a siete años de cárcel por la inacabada Ciudad de la Justicia de Madrid

La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, a siete años de prisión por delito continuado de prevaricación con delito continuado de malversación. Prada, de 65 años, tendrá que indemnizar con 40,4 millones de euros, el dinero derrochado, a la Comunidad de Madrid de manera solidaria junto a los otros cuatro condenados por el mismo delito: Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez y Félix José García. Todos trabajaban en la empresa CJM SA, compañía creada para crear este proyecto que aunaría en un único punto de la capital todas las instancias judiciales.

El fallo, fechado a este martes y que además se puede recurrir, señala a Prada como principal responsable de los 24 contratos firmados entre 2005 y 2011 en el marco de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que nunca se llegó a terminar, y que costó 40 millones a las arcas públicas. Según la Audiencia, la concesión de contratos se dio sin ningún tipo de previsión económica, prescindiendo de los servicios jurídicos y sin estudio de costes.

El fallo recalca además que muchos de los contratos que se dieron estaban fuera del objeto de crear esta Ciudad de la Justicia. Entre ellos destaca el contrato con el reputado arquitecto Norman Foster para construir el Instituto de Medicina Legal que costó 13 millones de euros.

"Su excesivo coste supera completamente la capacidad económica de la sociedad", señala el tribunal. "El fracaso del proyecto se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna para comprobar a posteriori que la sociedad no tenía recursos suficientes para acometer su objetivo", dice el fallo.

Finalmente, señala que la participación de Prada fue decisiva en la trama no solo porque es él quien firmó los contratos sino porque tenía la capacidad de decidir la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo. Además, fue el propio exconsejero de Justicia madrileño quien acudió a Londres a reunirse con Norman Foster como paso previo a su contratación.

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