Madrid
El Ministerio de Hacienda subsana las ayudas fiscales para Baleares aprobadas de cara a enero de 2023, pero que no han tenido efecto a falta de sacar adelante el reglamento. La Administración prepara ahora este reglamento para desarrollar el Régimen fiscal especial de las Islas Baleares, que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, y establece que tendrá efectos retroactivos a partir de los ejercicios fiscales iniciados a 1 de enero de 2023. De este modo, permitirá a contribuyentes y empresas poder aplicarse con efectos retroactivos los incentivos fiscales y bonificaciones aprobados hace un año.
El Estatuto de las Islas Baleares de 2007 establece que el Gobierno central regulará el régimen especial balear. El Ejecutivo aprobó en 2019 un Real Decreto-ley para establecer medidas económicas y de instrumento financiero para compensar las consecuencias económicas de Baleares por el hecho de su insularidad. Sin embargo, la tercera pata de las medidas, consistente en un régimen fiscal especial, no se aprobó hasta 2023, a través de los PGE de dicho ejercicio.
Entonces, el Gobierno puso en marcha una serie de incentivos fiscales y bonificaciones tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF de los contribuyentes residentes en las islas. Entre las medidas, destacan la Reserva para inversiones en las Islas Baleares, que consiste en una reducción en la base imponible del Impuesto de Sociedades e IRPF o en una deducción para el supuesto del IRPF y el régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, que consiste en una bonificación de la cuota íntegra para los contribuyentes de los citados impuestos.
Sin embargo, para que estas ventajas fiscales pudieran aplicarse faltaba aprobar el reglamento que estableciera los sujetos que podían acogerse a ellas, qué requisitos debían de cumplir tanto las personas físicas como las empresas, concretar las características de las inversiones que se realizan para ver si pueden tener derecho a mejoras fiscales o también concretar el volumen de la creación de puestos de trabajo para acceder a las bonificaciones, entre otros aspectos. También debe desarrollarse el régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras para acceder a las bonificaciones y se debe regular el control de los incentivos y los límites de acumulación de ayudas ya que no pueden superar el importe de las ayudas de minimis (aquellas que no se califican como ayudas de Estado porque no superan un determinado importe, desde el 1 de enero de este año, establecido en 300.000 euros). La Agencia Tributaria a nivel estatal tendrá facultad para controlar estas ayudas.
Hacienda somete a consulta pública el Proyecto de Real Decreto para aprobar el reglamento que fije todos estos aspectos desde este 10 de febrero hasta el próximo 24 de febrero para que las partes interesadas puedan realizar objeciones sobre la futura norma.
