Madrid
La Asociación de Fiscales (AP), mayoritaria en la carrera fiscal, se opone a la propuesta del Gobierno de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de instrucción. El Ejecutivo pretendería llevar a cabo esta modificación para impedir que el Tribunal Supremo tenga tiempo de investigar al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por terrorismo.
Desde 2020, el artículo 324 de la ley establece los plazos de instrucción en doce meses, prorrogables. El cambio reduciría este tiempo (desde 2015 hasta 2020, era de seis meses) y eliminaría la posibilidad de que los jueces prorroguen la instrucción sin tener en cuenta la opinión de la Fiscalía.
La Asociación de Fiscales denuncia en un comunicado que toda regulación que implique una mayor limitación de tales plazos "solo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, la corrupción o el terrorismo".
La asociación se lo ha trasladado así al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la reunión mantenida este martes y recuerda que éste, en su día, defendió los plazos más largos.
